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Hugo Fajardo Cuéllar *
Docente investigador. UES
La gobernabilidad de El Salvador durante la actual gestión presidencial (2019-2024), la cual dio inicio el 1 de junio del 2019, ha estado marcada por una estrategia autoritaria de ejercer el poder presidencial de manera vertical y autoritaria, por encima de los otros dos poderes del Estado, es decir del poder Legislativo y del poder judicial, lo cual se ha traducido en un clima de imposición política de las decisiones presidenciales por encima de dichos poderes y de la sociedad en su conjunto.
El autoritarismo, que ha caracterizado a la gestión gubernamental desde sus inicios se ve fortalecido con los resultados de las elecciones para Alcaldes y Diputados, del 28 de febrero del 2021, los cuales favorecieron al partido oficial (N I) al obtener la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, situación que se aprovecha para convertir a este órgano del estado en un instrumento al servicio del poder ejecutivo. Este acontecimiento coloca a los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña ante los desafíos que implica el proceso de erosión del sistema democrático como resultado de una gobernabilidad autoritaria y antidemocrática; tales desafíos son muy amplios y complejos, pero se destacan, entre otros, los siguientes:
El respeto a la constitución y la institucionalidad democrática.
La constitución de la república, también conocida como carta magna, es el cimiento de toda sociedad que transita en la ruta de la edificación de un sistema democrático, puesto que en ella están contenidos los principios o garantías fundamentales para regular la convivencia entre todos las miembros de la sociedad. En tal sentido el orden constitucional que se encuentra plasmado en la constitución, debe ser respetado por cualquier gobierno que acceda al poder del Estado y aunque dicho orden no está escrito en piedra, podría ser reformado e incluso transformado sustancialmente, solo mediante la participación real y directa del pueblo.
En ese orden, el respeto irrestricto a la constitución de la república de El Salvador, es una condición indispensable para que el ejercicio de la gobernabilidad y el sostenimiento de la institucionalidad democrática, se garanticen en el marco del principio constitucional de la división de poderes. En tal sentido el ejercicio de dicha institucionalidad debe realizarse mediante una dinámica en que los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial ejerzan sus competencias en un ambiente de respeto mutuo y de colaboración interinstitucional en función de responder a las necesidades del conglomerado social.
En el Salvador históricamente la institucionalidad democrática ha sido un problema constante, pero a partir del primero de mayo del 2021, queda al acecho del autoritarismo gubernamental, y legislativo, ya que la nueva Asamblea Legislativa con mayoría calificada, y obedeciendo instrucciones del presidente de la república, irrumpe de manera violenta el orden constitucional, al decretar de manera inconsulta, con dispensa de trámite y sin respetar el debido proceso, la destitución de los magistrados de las sala de lo Constitucional de la Corte suprema de justicia (CSJ) y la del Fiscal General de la República (FGR); quienes fueron sustituidos por otros a fines del partido en el gobierno.
Ese acto constituye un claro golpe a la frágil institucionalidad democrática, y pone en peligro la seguridad jurídica del país, violentando los artículos 85 y 86 de la constitución de la república, los cuales sustentan el carácter soberano democrático y republicano del sistema político salvadoreño y el principio de la división de poderes. Como bien lo sostiene el pronunciamiento que al respecto hizo la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador:
Es preocupante que la bancada legislativa como primera decisión trascendental, destituya funcionarios por el hecho de no ser sumisos a las decisiones del Presidente, con una muestra desmedida de soberbia y en total abuso del derecho, ya que la destitución se da con dispensa de trámite, sin el debido proceso, sin causas acreditadas, negando absolutamente la garantía de audiencia y defensa que todo ciudadano tiene y nombrando nuevos magistrados de forma antojadiza, fuera totalmente del procedimiento constitucional.(El Universitario, 3 de mayo, 2021, P.2)
Ese golpe del primero de mayo a la institucionalidad democrática, marca la pauta de que vendrán días difíciles para la gobernabilidad del país, pues dicha acción solo es una muestra de lo que un gobierno puede hacer o dejar hacer, cuando se tiene el control absoluto de los tres órganos o poderes del estado.
Después de ese primer golpe a la institucionalidad, el presidente vuelve a desafiar e irrespetar el orden constitucional de la república, cuando el 15 de septiembre del 2022, hace púbico, en el marco de la celebración del día de la independencia de El Salvador, EL anuncio de su REELECCIÓN como presidente, para competir de manera consecutiva por un segundo periodo presidencial, lo cual es literalmente prohibido por la Constitución de la República, en sus artículos: 88 y 248. En tal sentido, defender el respeto a la constitución y la institucionalidad será uno de los principales desafíos para garantizar una gobernabilidad democrática.
El rescate de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.
Desde el inicio de la actual gestión presidencial, la ciudadanía salvadoreña y los organismos nacionales y se supone que también internacionales, no han tenido acceso a la información y a la rendición de cuentas que, de acuerdo con la Constitución de la República y las normas pertinentes en la materia, está obligado a realizar el presidente de la República, su gabinete de gobierno. y los demás órganos del Estado.
El ocultar información y el no dar cuenta sobre el uso de los fondos públicos que le pertenecen al pueblo, es una de las estrategias principales que sostienen la lógica del actual autoritarismo en la gestión del gobierno actual. Esta estrategia se ha puesto en práctica en las diferentes instituciones del Estado, básicamente mediante las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), propuesta por el presidente y aprobadas por la Asamblea Legislativa e febrero del 2022, para garantizar la reserva de mucha información oficiosa, que antes era de libre acceso al ciudadano y que ahora queda restringida, lo cual es clave a los intereses del gobierno, y es proclive al fomento de la corrupción y la impunidad.
La transparencia como uno de los pilares fundamentales de la Ética de la gestión pública ha estado prácticamente ausente en las diferentes gestiones del actual gobierno, al no dar cuentas al pueblo sobre cómo se están utilizando los fondos que provienen de los impuestos y diferentes contribuciones que los ciudadanos pagan al estado; así por ejemplo el pueblo no tiene hasta el monto ningún informe sobre cómo se manejaron los fondos de millones dedolares para la atención de la pandemia, los millones que se están invirtiendo en los grandes proyectos de construcción y reconstrucción de carreteras y otras obras de infraestructura, así también, los millones invertidos por el gobierno en la aplicación de la fracasada ley del BITCOIN, que entro en vigencia el 7 de septiembre del 2021, a través de la Chivo Wallet, entre otros.
La recuperación del consenso para la gobernabilidad democrática.
En congruencia, con lo establecido en los desafíos anteriores, se puede afirmar que los niveles de consenso alcanzados hasta antes de la llegada del actual gobierno y la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, se han reducido a su mínima expresión, por cuanto se ha impuesto la lógica del despotismo y autoritarismo gubernamental y legislativo en el ejercicio de la gobernabilidad del país. Esta situación coloca a la sociedad salvadoreña y en particular a los diferentes sectores organizados de la sociedad civil frente al desafió de buscar los mecanismos democráticos que permitan recuperar los consensos necesarios con los sectores del gobierno para recuperar lo poco que se había logrado en el proceso de gobernabilidad democrática pos acuerdo de paz.
Ese desafío de recuperar el consenso democrático, se torna mucho más difícil a partir del momento en que la Asamblea Legislativa por instrucciones del presidente de la república y su grupo de poder, deciden imponer a la sociedad salvadoreña, el llamado “Régimen de Excepción” que aunque no se niega su importancia para el combate de las pandillas, pero que desde su aprobación el 27 de marzo del 2022, se ha venido prorrogando cada mes, siendo prorrogado después de su inicio hasta la fecha (30- 09-23) 18 veces, lo cual ha sido un obstáculo y bloque a la posibilidad de buscar consensos para construir una gobernabilidad democrática.
Tal desafío solo podría lograrse mediante la reactivación de la democracia participativa y la reinvención de las diferentes formas de movilización y lucha del pueblo, articulando de manera creativa e inteligente tanto la lucha política social como la lucha política electoral. De ahí que es necesario asumir lo más pronto posible, el reto o desafío de reactivar o recuperar los niveles de participación ciudadana y lucha popular, que desde antes y durante la pandemia se han disminuido, de cara a incidir en la toma de decisiones por quienes planifican y ejecutan las políticas públicas.
Finalmente, decir que todo lo anterior implica el reto de ir superando el actual estado de temor, acomodamiento y pasividad de las masas como producto de la millonaria campaña publicitaria del actual régimen en turno, fundada en el ocultamiento de la verdadera realidad de: pobreza, desempleo, despidos laborales, migración, violación a los Derechos Humanos, entre otros problemas, en que viven las grandes mayorías del pueblo salvadoreño.
*El autor es Sociólogo, Abogado y Notario. Maestro en Derechos Humanos y Educación para la Paz, Docente a tiempo completo de la Universidad de El Salvador.
