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César Ramírez
@caralvasalvador
En la actual condición postelectoral, la nación solo posee un presidente constitucional que termina su mandato el primero de junio de 2019, art. 154 CN, en consecuencia, el presidente electo en su calidad ciudadana puede configurar el esquema de gobierno que considere apropiado, pero sin iniciativa de ley tal como lo establece el art. 133 CN, ello no implica que sus opiniones puedan ser secundadas por los diputados afines.
En éste período de transición -inter, administración, gubernamental- definamos la gobernabilidad: aceptar las reglas del juego constitucional, independencia de poderes, etc. gestión económica entre los diversos sectores con una propuesta precisa sobre para el siguiente lustro, en mi opinión conformar un “Acuerdo de Nación”, sobre la estabilidad económica y otros temas para construir confianza en los partidos políticos.
No debe usarse en este período la frase “a nombre del pueblo” como un arma difamatoria contra cualquier sector opositor privado, religioso, académicos, políticos, trabajadores etc. que se consideren afectados, ellos también son “pueblo”, por lo tanto, el criterio a “favor” o “en contra” podría considerarse como fallo de la inquisición, su resultado profundizará la desconfianza política.
Racionalidad pública en general contiene elementos positivos y negativos. “La racionalidad pública con elementos positivos la observamos en los esfuerzos por la educación pública, salud, agricultura etc. En pocas palabras racionalidad pública refiere el “acuerdo” entre clase política para disminuir las desigualdades sociales. La racionalidad pública es un concepto que identifica el tipo instrumental e interaccional con el cual se adoptan las decisiones públicamente relevantes” -Democ y Periodi. Sep-2007 Co Latino- . La racionalidad negativa es el bloqueo a proyectos sociales: no aprobación de presupuesto, negativa a construir carreteras, hospitales, recursos de inconstitucionalidad, sistema de pensiones deficiente, impago de la deuda externa -por causas electorales- etc. e incluso su omisión en la seguridad pública como la instrumentalización del tema de las estructuras terroristas.
Es importante entonces considerar que gobernabilidad y racionalidad tiene límites y aproximaciones en los estamentos tradicionales: iglesia, ejército, oligarquía y los externos: EEUU, integración económica mundial, relaciones internacionales, movimientos populares etc.
Los elementos mencionados deben orientarnos como nación, de esa forma entendemos que la racionalidad pública deberá ser parte del presupuesto nacional y todos sus proyectos a mediano plazo, lo cual es más factible por un “Acuerdo de Nación” que elimine frases demagógicas, así gobernabilidad y racionalidad pública serán para todos sin exclusiones.
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