San Juan / Prensa Latina
Néstor Rosa-Marbrell
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, enfrenta sus horas más aciagas, mientras el país se prepara para marchar al caer la tarde del miércoles hasta La Fortaleza para exigir su renuncia inmediata.
Manchado por una conducta sexista, machista y homofóbica, en un chat de Telegram en el cual se burlaba junto a su círculo más cercano de asesores y colaboradores hasta de los muertos del huracán María, Rosselló Nevares se tambalea a pesar de su resistencia a dejar el cargo como reclama el pueblo.
Cantantes internacionales como Ricky Martin, René Pérez (Residente), iLé, Bad Bunny y Tommy Torres, entre muchos otros, han anunciado que estarán en la marcha, que partirá del Capitolio hasta la Plaza del Quinto Centenario, después de pasar frente a La Fortaleza, sede del ejecutivo, en el Viejo San Juan.
Residente y Bad Bunny se unieron desde el primer momento a la convocatoria de varias organizaciones sociales y gremiales, encabezadas por la Colectiva Feminista en Construcción, y hasta lanzaron canciones en las redes sociales contra el gobernante boricua, que insiste en permanecer en el cargo hasta el 2 de enero de 2021.
A estos artistas se han unido a pedir la dimisión del mandatario figuras del deporte, como las estrellas del baloncesto José Juan Barea, Carlos Arroyo y José Piculín Ortiz, y el dirigente de grandes ligas Álex Cora.
Normalmente, los deportistas puertorriqueños, que conforman un núcleo unificador del pueblo, no tercian en debates políticos por lo que esto marca una excepción.
Barea y Ortiz han anunciado que estarán con el pueblo en la marcha sin precedente que se realizará para que Rosselló Nevares se vaya.
Sectores económicos se han mostrado preocupados por la crisis que ha desatado la conducta despreciativa del mandatario, golpeado además por el escándalo de corrupción que llevó la semana pasada a las autoridades federales a arrestas a seis personas vinculadas a su gobierno, entre estas la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la exdirectora de la Administración de Servicios de Salud Ángela Ávila.
Los acusados hasta ahora enfrentan cargos por el desvío de 15,5 millones de dólares, blanqueado de dinero y otros actos criminales que han causado estupefacción en la opinión pública.
Los comerciantes del Viejo San Juan, que para este día han protegido sus vitrinas, han mostrado solidaridad con los manifestantes que han pintorreado los edificios del casco histórico al considerar que ‘más dañina para el país es la corrupción que los grafitis’, muchos de los cuales fueron borrados en la víspera por brigadas de voluntarios.
Las acciones violentas contra los manifestantes el lunes y las expresiones del jefe de la policía, Henry Escalera, de que ‘vamos a defender la democracia hasta la última gota de sangre’, ha llenado de preocupación a amplios sectores del pueblo, incluso a algunos miembros del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).
Es harto conocido el carácter represivo de la policía de Puerto Rico, que ha fabricado casos hasta a miembros de ese cuerpo por motivaciones políticas, a pesar de la reforma que se impulsa ante las denuncias de sectores minoritarios y de inmigrantes.
Escalera dijo este martes que se proponían cerrar la entrada a la isleta de San Juan, aunque un portavoz de la alcaldesa capitalina, Carmen Yulín Cruz Soto, del opositor Partido Popular Democrático (PPD), aclaró que el municipio tiene el control de las vías de acceso al casco histórico.
Mientras avanzan las horas, crece la expectación de que Puerto Rico protagonizará una acción nunca antes vista contra un gobernador, ya que se anticipa la paralización de las actividades y un desbordamiento del pueblo a las calles.