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@elder_gomez_2
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén acorrala la agobiante ola delincuencial que abate a este país centroamericano con una serie de reformas a leyes penales y otras normativas especiales, decease como una nueva legislación que pretende contrarrestar el flagelo de la extorsión.
La ofensiva legal oficial inició el año pasado con la conformación de un Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), drugstore integrado por funcionarios de Seguridad Pública, buy cialis sociedad civil, iglesias y empresarios, que busca cimentar las directrices para el combate frontal del delito.
La estrategia también ha incluido el encarcelamiento inmediato de pandilleros u otros delincuentes que atenten contra la vida de funcionarios vinculados a la Seguridad Pública, incluidos policías, en la cárcel de Máxima Seguridad del país, en Zacatecoluca, departamento de La Paz, en el centro de El Salvador, entre otras cosas.
Ahora el gobierno ha dirigido la mirada hacia el flagelo de las extorsiones, que mantiene de rodillas a cientos de personas en todo el país, la mayoría de ellas pobres, por la amenaza de muerte de pandillas y particulares que se aprovechan de la situación.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, ha presentado el miércoles al congreso un proyecto de Ley Especial contra el Delito de la Extorsión, en un intento por detener ese galopante fenómeno social que, incluso, ha forjado a familias enteras y empresarios a emigrar de sus lugares de origen o del país.
Quitarán bienes a pandilleros
La nueva Ley contra el Delito de la Extorsión estipula que ese flagelo sea perseguido de oficio, es decir, sin denuncia de las víctimas, mediante el rastreo de llamadas telefónicas, ante el temor de éstas de quejarse por ese ilícito ante las autoridades.
También prevé la extinción del dominio de los bienes de los pandilleros o de cualquier otra persona involucrada en el delito de la extorsión, es decir, el decomiso de bienes muebles e inmuebles de los que resulten implicados en ese ilícito penal.
Según las autoridades, las “maras”, como son conocidas en este país las pandillas, se han hecho de importantes sumas de dinero mediante las extorsiones, con las cuales han adquirido bienes muebles y hasta estarían financiando la compra de armas de fuego para atacar a los agentes del orden, de quienes han sido asesinados ocho en lo que va de 2015.
Además, la nueva legislación estipula sanciones de hasta cinco mil salarios mínimos – más de un millón de dólares -, a aquellos operadores de telefonía móvil que no reduzcan la potencia de su señal en los contornos de los 19 centros penales que existen en El Salvador.
Incluso, la nueva Ley contra el Delito de la Extorsión contempla la suspensión definitiva de la licencia de las empresas telefónicas, si reinciden en desobedecer las órdenes oficiales de reducir la potencia de su señal cerca de los presidios salvadoreños.
De acuerdo a las autoridades salvadoreñas, un 80 por ciento de las extorsiones son hechas por cabecillas de pandillas desde los centros penales, donde son ingresados sin control teléfonos celulares, chip y otro tipo de instrumentos empleados en las telecomunicaciones.
Al respecto, Lara recordó que solo en 2014 las sorpresivas requisas en los centros penitenciarios salvadoreños dejaron como resultado el decomiso de más de ocho mil instrumentos utilizados en las telecomunicaciones, como los mismos teléfonos celulares y chips.
La legislación también tiene previsto perseguir a las personas que empleen a menores de edad para realizar extorsiones.
La iniciativa será estudiada la próxima semana por diputados que integran la Comisión de Seguridad Pública, a la que se tiene previsto asistan Lara y el Fiscal General, Luis Martínez, para que den sus puntos de vista respecto al nuevo proyecto de ley.
