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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Desde la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele (2019) hemos sufrido una serie de vulneraciones a los derechos laborales que iniciaron precisamente con el tema de los despidos ilegales e injustificados”, afirmó Héctor Rodríguez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL).
“Tenemos registrados a esta fecha 18 mil 379 despidos, ocurridos hasta diciembre de 2022, que provienen de diferentes dependencias del gobierno. Y solo en el caso de las alcaldías hemos registrado 3 mil 800 despidos ilegales en 25 alcaldías gobernadas por el partido Nuevas Ideas”, agregó.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) se pronunció ante lo que considera una estrategia gubernamental contra el movimiento sindical y que la defensa de los derechos laborales y humanos de los trabajadores y trabajadoras se debilite ante el temor de sufrir cárcel o persecución por prerrogativas anteriormente conquistadas por la lucha social.
En cuanto a los despidos, Rodríguez añadió que tienen conocimiento que en la Asamblea Legislativa se han registrado mil 500 despidos hasta diciembre del año pasado. Y al final de enero de 2023 se suman 50 nuevos despidos ilegales e injustificados.
“El resto de despidos que son 12 mil entre trabajadoras y trabajadores, corresponden a 45 dependencias del gobierno. Esta es la primera vulneración de derechos, junto a un sistema de justicia cooptado, que no está garantizando la aplicación de la justicia de manera imparcial, pronta y objetiva”, advirtió.
Igualmente, expresó, que los trabajadores y trabajadoras se encuentran enfrentando toda una serie de atropellos que iniciaron con los despidos ilegales que pasan también por el irrespeto a organizarse para defender sus derechos labores. Al comentar que alrededor de 300 sindicatos no han podido inscribir en el Ministerio de Gobernación, para recibir su personería jurídica y otros que aún no reciben sus credenciales que acredita a los sindicatos.
“Esto para que caigan en una ilegalidad los compañeros y compañeras, porque cuando no existe la organización sindical que vele por los derechos de personas trabajadoras en diferentes dependencias del gobierno, les irrespetan”, afirmó.
“A finales del año pasado tuvimos alrededor de 25 alcaldías en las cuales se ha estado negando pagar el salario de las trabajadoras y trabajadores de estas municipalidades por un trabajo ya realizado y son alcaldías del partido Nuevas Ideas, negándoles lo justo a sus trabajadores”, reprochó.
En cuanto a la escalada de vulneraciones, Rodríguez expresó que el siguiente nivel ha sido la captura ilegal de trabajadores y trabajadoras que integran las juntas directivas de los sindicatos, y mencionó como ejemplo la captura de sindicalistas de Soyapango, de San Marcos y trabajadores de la Imprenta Nacional que exigían derechos laborales y ahora guardan prisión.
“En el caso de San Marcos, se ha querido satanizar al compañero, diciendo que está preso por una -tarjeta de regalo- y eso no es cierto, es la mentira que vende el régimen. Lo que en realidad ocurre es que la filial sindical estaba demandando una serie de herramientas de trabajo para cumplir la labor que deben desarrollar, o sea, instrumentos de trabajo, que les han sido negadas. La tarjeta no es el punto medular”, sostuvo.
“Y en el caso de la Imprenta Nacional, capturan a 5 compañeros (la PNC) de forma ilegal y arbitraria por reclamar el derecho que una persona (gerente) que está vulnerando los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras fuera removido”, indicó.
Para Rodríguez, la criminalización al derecho de la sindicalización y organización es un retroceso a la democracia en el derecho al trabajo y la libre asociación, por lo que llamó a la Comunidad Internacional a interceder sobre las constantes vulneraciones de la clase trabajadora.
Sobre las capturas y despidos en la Alcaldía de Soyapango, Evelyn de la O resumió que los hechos que iniciaron desde septiembre del año pasado, cuando la alcaldesa Nercy Montano, comenzó a dejar de pagar los salarios de los trabajadores de la comuna y seguía con los despidos masivos.
“Como SITRASOYA hemos tenido diferentes actividades ante la constante vulneración de derechos laborales y humanos. Desde la actual administración de la alcaldesa Nercy Montano, con los despidos masivos que han cesado por ahora, pero persisten traslados arbitrarios, procedimientos anómalos en algunos de los casos de despedidos”, describió.
“Desde septiembre de 2022 inició los incumplimientos al contrato laboral, al no pagar los salarios devengados de los y las trabajadoras, además de otras graves como no cancelar la cuota de las AFP, los préstamos bancarios, pese a que ya se habían cancelado los salarios no estaban cancelaban esos pagos de préstamos hechos por los trabajadores, ahora deben muchos más por los intereses por no pagar en la fecha acordada” , explicó de la O .
La situación de tensión entre el Concejo Municipal de Soyapango y sus trabajadores llegó a un nivel crítico el 27 de diciembre 2022, cuando realizan una serie de actividades y una marcha pacífica denunciando el impago de salario y prestaciones de fin de año que están contempladas en el Código de Trabajo.
“Llega una comisión de CAPRES, que va encabezada por el diputado Caleb Bonilla, de Nuevas Ideas, nos manifiesta que junto al Concejo Municipal y el alcalde en funciones, Marcos García, se comprometió con los trabajadores a pagar en fecha 30 de diciembre los salarios -lo tenemos en vídeos- además, pagar las retenciones, las AFPs y los salarios de todos los trabajadores porque algunos se les adeudaba desde octubre”, declaró.
“Es así que el 30 de diciembre por la tarde nos vuelve a llamar Caleb Bonilla, y cambió el discurso y nos amenaza -diciéndonos- que tienen el régimen (de excepción), tiene los cercos militares y que quería de inmediato que desalojáramos. Ya no habló de pagar ese día, sino del 7 al 10 del siguiente año, cuando teníamos compañeros con enfermedades terminales y algunos hasta perdieron un miembro de su cuerpo, es tan terrible”, reiteró de la O.
Luego del impasse por el pago de los salarios devengados de la comuna soyapaneca, el 10 de enero, tras una protesta la Policía Nacional Civil realizó la captura de tres sindicalistas que incluyó a su secretario general, Ovidio Hernández que fue capturado en su hogar. “No sabemos quién dio esa orden a la PNC, pero no entendemos el porqué juzgarnos en el marco del Estado de Excepción”, subrayó de la O.
Ovidio Hernández, integrante de SITRASOYA y de la MPJL, comentó que estuvo 15 días detenidos en una bartolina de la PNC, que describió como una “situación límite” porque toda la población es tratada como delincuente, tras señalar que lo único que han hecho es defender los derechos de los y las trabajadoras.
“Simplemente hicimos uso de nuestros derechos constitucionales y los convenios (derechos laborales) así lo avalan, dándonos la potestad de exigir el respeto a los derechos sociales y económicos de nuestros compañeros y compañeras trabajadoras. Y por esto fuimos capturados sin ningún procedimiento legal”, reiteró.
“Gracias al acompañamiento de las organizaciones como FESPAD, que están con los compañeros defendiendo sus derechos -en lo personal- fui sobreseído totalmente, pero nuestros compañeros Argentina y Boanerges tienen medidas sustitutivas sin haber cometido ningún delito, esperamos se aplique justicia y un compañero que está en un penal por exigir derechos laborales”, sostuvo.
Los líderes sindicales no descartan, luego de agotar los procesos en las instituciones nacionales, demandar al Estado salvadoreño ante tribunales internacionales por la sistemática persecución, criminalización y encarcelamiento de sus integrantes, comentó Hernández.
“Hay una serie de derechos violentados en el país. Por esto llamamos a la cordura a las instituciones a que vayan por el camino correcto, que vean el pasado de donde venimos -que hoy mismo – es el escenario de los años 70, se está repitiendo al estar reprimiendo al movimiento sindical y como dicen pueblo que ignora su pasado está condenado a repetirlo”, puntualizó Hernández.
