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Yaneth Estrada
@caricheop
Según el Gobierno de El Salvador (GOES), la decisión de los partidos ARENA, PDC y FMLN, representados en la comisión especial que investiga la colocación de deuda en el contexto de la pandemia, de citar a los magistrados de la Corte de Cuentas para una reunión con el fin de conocer los avances de las auditorías que realiza esa entidad para verificar el manejo de fondos por parte del Ejecutivo, es para cuestiona “buen manejo de la pandemia”.
Aunque, no solo los diputados cuestionas el uso de los fondos durante la pandemia, pues hay múltiples denuncias de corrupción, falta de transparencia, mala calidad de equipo de bioseguridad y la supuesto mal manejo de fondos públicos. Por ello hay denuncias en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Corte de Cuentas de la República (CCR), Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y avisos a la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, para el Gobierno, la decisión de los diputados, “de querer importunar el trabajo de los funcionarios que están al frente de la pandemia, y ahora con la amenaza que supone la depresión tropical Eta, la comisión especial también está exigiendo a los ministros de Salud, Francisco Alabí, y al de Agricultura, Pablo Anliker, que entreguen informes pormenorizados sobre lo invertido durante la pandemia”. En pasadas intervenciones ambos titulares se negaron a detallar cifras detalladas de gastos como la construcción de el Hospital El Salvador, o falta de insumos de bioseguridad, cifras de personas fallecidas por COVID-19, que no cuadran con el informe de alcaldías, o explicar la inversión de $23 millones solicitados para reponer dinero de la compra de granos básicos durante la emergencia por el coronavirus.
“Los legisladores de oposición continúan en su afán de cuestionar y debilitar al Gobierno. La Asamblea Legislativa sigue sin aprobar los créditos que son de vital importancia no solo para la pandemia, sino para la recuperación económica y el rescate de los sectores que se han visto afectados directa e indirectamente por el COVID-19, así como por los desastres naturales y el mismo FODES, que tanto urgen los alcaldes del bloque opositor”, afirma el GOES en un comunicado de prensa.
Asimismo, agrega que “mientras que para el dinero millonario otorgado a las alcaldías, la mayoría en su poder, los diputados les otorgaron más tiempo para rendir los informes sobre el uso de dichos recursos, que las comunas están obligadas a presentar. Con ello es evidente la pasividad de la Corte de Cuentas para fiscalizar las arcas de las municipalidades”.
El gobierno denunció que ha sido evidente cómo legisladores de oposición tenían contacto con magistrados de la Corte de Cuentas.
Agendado para el 11 de noviembre
Los legisladores que integran la instancia legislativa acordaron que se agendará para el próximo miércoles 11 de noviembre, la sesión para conocer los detalles de las auditorías a las distintas carteras de Estado por el manejo de fondos desde el impacto del coronavirus en el país.
La institución contralora de la Hacienda Pública realiza auditorías en diez ámbitos, entre estos, la entrega de $300 a familias, el hospital en CIFCO, el bono de $150 a trabajadores de salud, policías y militares; la compra de hidroxicloroquina, las donaciones nacionales e internacionales, la compra de insumos médicos, la inversión del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de $25 millones para equipo médico, así como la entrega de paquetes agrícolas y de alimentos.
Se ha informado que ha habido comunicaciones con funcionarios de la administración pública por deficiencias o posibles irregularidades, de las que tenían derecho de audiencia y defensa para que puedan ser superadas.
Hasta el mes de septiembre, el presidente de la Corte, Roberto Anzora indicó que estas comunicaciones fueron mayormente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Ministerio de Salud, por la fiscalización al Hospital El Salvador.
