Yaneth Estrada
@caricheop
Luego de muchos años de espera, el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén entregó más de 600 escrituras de propiedad y certificados de contribución a familias de escasos recursos en los departamentos de San Miguel y Usulután.
“La prioridad de mi Gobierno es avanzar progresivamente en la legalización de tierras para sectores eternamente olvidados como familias en la exlíneas férreas, garantizando el derecho a una vivienda digna”, recalcó el Mandatario.
Sánchez Cerén afirmó que la organización y lucha es el ejemplo que nos dan al país las familias que hoy reciben sus escrituras. “Hoy entregamos escrituras que los declaran legítimos dueños de sus tierras, tras largos años de lucha y espera”, dijo.
También insistió en que a pesar de las dificultades económicas que impone el partido ARENA, los programas sociales (Vaso de Leche, Un Niño, Una Niña, Una Computadora, entrega de útiles y uniformes escolares, Universidad en Línea y salud gratuita) van a continuar.
Además, con una inversión social que sobrepasa el 48% del Presupuesto General de la Nación (en un hecho sin precedentes), el Presidente aseguró que “mi Gobierno trabaja en dirección correcta y no va a cambiar”. Esto ante las duras críticas de la oposición.
Estas familias fueron amparadas bajo el Decreto Legislativo Nº 505 de la “Ley para desafectación y Traspaso de los Terrenos de Tramos Ferroviarios en Desuso a favor de las familias e instituciones que las habitan” aprobado en 2013. Mientras, que los criterios establecidos son: habitabilidad del lote, no tenencia de otro bien, conformar un grupo familiar y no estar en zona de riesgo.
Son 617 familias de 10 comunidades quienes ya tienen la seguridad jurídica de sus tierras a lo largo de 82 kilómetros de la ex línea férrea en la zona oriente, centro y occidente. En el año suman 1 mil 576 favorecidos en diferentes partes del país.
Entre las comunidades beneficiadas están: Barrio Concepción, La Cruz, Comunidad Primavera, Cantón Analco, Comunidad Los Ángeles y San Antonio en Usulután. Maculí, El Paraisal, Los Naranjos en Ereguayquín, Los Remedios; municipio de Santa María y Las Segovias en el departamento de San Miguel.
Trabajo conjunto
Asimismo, el proceso de legalización de las comunidades requirió del trabajo interinstitucional del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), el Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) y Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL) y Asamblea Legislativa, entre otros.
Por su parte, Rony Huezo, presidente de FONAVIPO, enfatizó que “ser propietario de una vivienda es el sueño de todos, ahora hacemos realidad el mandato del Señor Presidente”. Durante esta gestión, FONAVIPO ha beneficiado a 76 mil 738 familias con una inversión de $5.4 millones y apoyar económicamente para la construcción de viviendas con certificados de contribución.
El ministro de Obras Públicas Gerson Martínez explicó que las los habitantes de la exlínea férrea sufrieron el abandono y olvido de los pasados Gobierno de Derecha. “Agradecemos todos los días a la población que nos permite servirle, porque eso somos, servidores públicos”, añadió Martínez. Y señaló que “las familias necesitan seguridad jurídica y ese es nuestro objetivo”.
Zoyla López, una sexagenaria de la comunidad Primavera, fue la primera en recibir de manos del Presidente de la República el documento oficial que la acredita como dueña legítima del lugar donde actualmente habita junto a toda su familia. “Gracias, Presidente Sánchez Cerén, nosotros nunca habíamos sido escuchados, pero ahora tenemos una casita”, fueron las palabras de una de las madres beneficiadas.