LA PAZ/Xinhua Tras la detención de la ex presidenta interina de Bolivia (2019-2020), Jeanine Áñez, y dos ex ministros, el titular de la cartera de Gobierno, Eduardo del Castillo, expuso este domingo que estas aprehensiones buscan justicia en el denominado “caso golpe de Estado”, que desembocó en la renuncia de Evo Morales en 2019. “Este gobierno democráticamente electo no está persiguiendo políticamente a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia”, afirmó en una rueda de prensa en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.La justicia está siguiendo su curso como corresponde dentro de los plazos establecidos por la ley y la Policía cumple con sus funciones de acuerdo al requerimiento del proceso abierto en contra de Áñez, ex ministros y ex comandantes de las Fuerzas Armadas y policiales, añadió. Reveló que en las próximas horas los detenidos serán puestos a disposición de un juez que definirá su futuro jurídico, es decir si son detenidos preventivamente o se defienden en libertad de un proceso que pesa en su contra. Áñez fue aprehendida en la madrugada de este sábado en Beni (noreste), acusada de terrorismo, sedición y conspiración por los hechos de noviembre de 2019 que terminaron con la renuncia de Morales de la presidencia. Luego fue trasladada a la ciudad de La Paz, en breve contacto con los periodistas dijo que era “abusiva su detención”. “Como ex presidenta tengo una situación particular, pero así es el abuso”, dijo. La Fiscalía General del Estado ordenó el viernes la aprehensión de Añez y cinco de sus ex ministros, dos de los cuales ya fueron detenidos: el ex titular de la cartera de Energía, Rodrigo Guzmán, y el de Justicia, Álvaro Coimbra. Los ex ministros Arturo Murillo, Yerko Núñez y Luis Fernando López son los otros alcanzados por la orden fiscal. El “caso golpe de Estado” fue abierto por Lidia Patty, ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), por la renuncia de Evo Morales, acorralado por protestas sociales y políticas opositoras, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. A ello se sumó un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que alimentó el discurso del fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año, en las cuales Morales ganó sin necesidad de un balotaje con su principal rival, el ex presidente (2003-2005), Carlos Mesa. Otros acusados en este proceso son el entonces cívico cruceño Luis Fernando Camacho, ahora virtual gobernador de Santa Cruz, y su padre. Por este caso también hay mandamientos de aprehensión para los ex comandantes militares Williams Kaliman y Sergio Orellana, y el ex comandante policial Yuri Calderón. El viernes fue enviado a la cárcel, por seis meses, Flavio Arce, exjefe del Estado Mayor.