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@elder_gomez_2
E l gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén busca que los delitos por corrupción, malady en los que se vean envueltos funcionarios, check no prescriban, y que éstos incluyan a civiles, ahora con los proyectos de Asocios Públicos-Privados, anunció el Sub secretario de Participación Ciudadana y Transparencia, Marco Rodríguez.
El funcionario dijo que una de las prioridades del gobierno, es combatir el “conflicto de intereses” que pueda desatarse con los Asocios Públicos-Privados o la Delegación de Competencias Públicas.
“Deben cerrarse todas las puertas posibles, no solamente para el enriquecimiento personal, sino también para evitar que se generen decisiones que puedan beneficiar a terceros”, explicó Rodríguez.
Rodríguez acudió la víspera al seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, del parlamento salvadoreño, donde presentó la propuesta del gobierno para la creación de una Ley de Probidad, de la cual existen dos anteproyectos en el congreso, para reemplazar una que data de los años 50.
El funcionario no descartó también pedir al congreso que indague si la obsoleta Constitución Política de El Salvador, que data de 1983, tiene preceptos que soslayen la imprescribilidad de los delitos por corrupción, aunque tampoco desestimó entregar al parlamento una moción para reformar la Carta Magna en ese sentido.
“Nuestra posición – advirtió Rodríguez -, es que los delitos de corrupción no deberían prescribir por el bien del país”, y agregó que “deberíamos hacer un corte de 20 ó 25 años atrás y abrir la caja para
que cualquier persona pueda ser analizada como corresponde”.
“Hay casos claros de dolo (intención), donde pasado, presente y futuro, le decía a usted que esas cosas no se hacen y, el que las ha hecho o eventualmente pudo haberlas hecho, debe responder públicamente”, subrayó.
En El Salvador, sonados casos de corrupción judicializados, como un presunto desfalco de $ 40 millones al Ministerio de Obras Públicas, el escándalo de supuesta malversación de fondos que habría realizado el ex presidente Francisco Flores, y el del ex ministro de Salud, Guillermo Maza, han quedado o apuntan a quedar en la impunidad.
Otros casos de presunta corrupción, como una cuestionada privatización de la banca en 1989, un supuesto desfalco de $ 70 millones del Seguro Social, una eventual transferencia de millones de fondos de pensiones del INPEP y del Seguro Social, en 1998, cuando fue privatizado el sistema, a instancias desconocidas, ni siquiera han pisado los tribunales.
Rodríguez consideró al respecto que “ningún error del presente se justifica en el pasado, pero el pasado nos dice cuáles son los procedimientos y las relaciones causales que hay que evitar que se generen determinados problemas”.
“La corrupción es como una enfermedad que puede atacar a cualquiera, independientemente de su ideología, tinte político o ubicación geográfica”, advirtió el funcionario, quien abogó porque los funcionarios “declaren (su patrimonio) como se debe”.
