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Por Daniel Bosque/Diego Urdaneta
Barcelona/Madrid/AFP
El gobierno independentista de Cataluña convocó para el 1 de octubre un referéndum de secesión de España, abriendo una grave crisis política con Madrid, que buscará impedir la consulta con todo su arsenal jurídico.
La convocatoria fue hecha mediante un decreto firmado poco antes de la medianoche del miércoles por el gobierno catalán, presidido por el presidente Puigdemont, luego de que el parlamento regional, dominado por los independentistas, aprobara la ley que busca dar cobijo legal a la consulta.
Bajo los flashes de las cámaras, Puigdemont y los miembros de su gabinete firmaron todos el decreto, en un gesto de unidad frente a las amenazas de acciones legales contra los convocantes de un referéndum considerado ilegal por la justicia española.
El Gobierno regional quiere preguntar a los catalanes si quieren que la región de 7,5 millones de habitantes se convierta en un «Estado independiente en forma de república».
Pero debe superar el contraataque jurídico desplegado por Madrid, que rechaza la consulta de plano reiterando que es inconstitucional.
Sin amilanarse, el gobierno catalán llamó desde ya a la participación, en una región aún convaleciente de un doble atentado yihadista el 17 y 18 de agosto, con saldo de 16 muertos
«Es el momento de la ciudadanía, es el momento de culminar este largo proceso con una respuesta que tenga el mismo compromiso democrático que hemos tenido todos estos años», señaló en un breve discurso Puigdemont.
La convocatoria coronó una jornada marcada por un bronco debate en el parlamento regional, lleno de reproches, abucheos e interrupciones.
Allí, la mayoría independentista aprobó la ley del referéndum, que define la ciudadanía catalana como «un sujeto político soberano» y establece que en caso de victoria separatista, la independencia será declarada en 48 horas.
Denunciando su ilegalidad, la oposición se ausentó de la votación, no sin que antes algunos de los diputados dejaran en sus escaños banderas de España y de Cataluña juntas.
«Mayoría absolutista»
«Han actuado hoy como una mayoría absolutista», denunció Inés Arrimadas, líder del principal partido opositor en Cataluña, Ciudadanos, cuya organización impulsará una moción de censura para intentar convocar elecciones regionales anticipadas.
A nivel internacional, «nadie apoyará un movimiento ultranacionalista que quiere fracturar la cuarta potencia de la Unión Europea», dijo de su lado Xavier García Albiol, diputado del conservador Partido Popular que gobierna en España.
El Gobierno central ya anunció a mediodía un recurso ante el Tribunal Constitucional para que «declare nulos y sin efectos los acuerdos adoptados» que permitieron este debate en el Parlamento catalán.
En pocas horas se espera que actúe de nuevo para impugnar la ley.
El tribunal constitucional, que ya ha declarado ilegal la consulta, podría empezar a estudiar los recursos el jueves, indicó a la AFP una fuente de la corte.
En paralelo, la fiscalía ha anunciado que se va a querellar «por desobediencia» contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros responsables de la cámara.
Cataluña experimenta desde 2010 un brote de fiebre secesionista, en parte alimentada por la crisis y el sentimiento de haber sido tratada injustamente por el Estado central.
La anulación parcial en 2010 por el Tribunal Constitucional de un Estatuto que desde 2006 otorgaba nuevas competencias a la región y el título de «nación» fue el desencadenante.
Una vez en el poder en 2015, los separatistas prometieron impulsar la independencia de la región con cultura y lengua propias, que representa el 20% del PIB de España.
El Gobierno central prometió nuevas inversiones en la región, pero sin ceder en lo esencial: la exigencia de organizar la consulta que permita a los catalanes decidir su futuro, a imagen de los escoceses en 2014.
Buscando respaldos políticos frente al desafío independentista, Rajoy se reunirá el jueves con el jefe del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, ambos opuestos al referéndum.
Fatiga y división
La opinión pública catalana está dividida y el debate, omnipresente en los medios y las conversaciones, ha llegado a enemistar a familias enteras. Pero más del 70% de los catalanes quiere una consulta que zanje el tema de una vez por todas.
Luego de aprobarse la ley en el parlamento, en las afueras unos 40 independentistas gritaban «votaremos, votaremos» y un puñado de no independentistas respondían «lo llaman referéndum y no lo es, porque está amañado».
El 9 de noviembre de 2014, el ejecutivo catalán organizó una consulta, entonces no vinculante pero también prohibida por la justicia, en la que participaron 2,3 millones de personas (sobre un cuerpo electoral de unos 6,3 millones), dando una amplia victoria al «sí».
