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Sangolquí/AFP
El gobierno de Colombia y el ELN, única guerrilla activa del país, anunciaron en Ecuador que impulsarán un plan piloto de desminado humanitario, en el marco de los diálogos para superar un conflicto armado de más de medio siglo.
«En el próximo ciclo trabajaremos en un proceso para desarrollar un programa piloto de desminado humanitario» en una zona por definir, dijo Juan Meriguet, delegado de Ecuador, uno de los seis países garantes de las negociaciones, al leer un comunicado conjunto.
Los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lograron el compromiso en el primer ciclo de la mesa de conversaciones que concluyó este jueves, tras instalarse el 8 de febrero pasado en la población andina de Sangolquí, en las afueras de Quito.
El segundo ciclo se reanudará el 3 de mayo, también en Sangolquí, afirmaron las partes, que entonces seguirán discutiendo sobre «dinámicas y acciones humanitarias» y la «participación de la sociedad» en el proceso de paz.
Colombia, azotada desde la década de 1960 por un conflicto armado con participación de guerrillas, paramilitares y agentes estatales, es el segundo país del mundo más afectado por minas antipersona, después de Afganistán.
Estos artefactos han dejado unas 11.500 víctimas, incluidos 2.000 muertos, en territorio colombiano, según cifras oficiales.
El desminado «es uno de los temas más agobiantes y tristes de la historia del conflicto en Colombia», dijo el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, añadiendo que tiene el «agravante» de que no se sabe «con certeza» los lugares en donde están instalados estos artefactos.
«La búsqueda y desactivación de ellos es uno de los trabajos (…) más delicados que acarrea el posconflicto en Colombia», agregó Restrepo.
Dónde fueron sembradas
En la sede de las conversaciones, una antigua hacienda jesuita en Sangolquí, Restrepo planteó al ELN que «también colabore con los equipos de desminado en el área que se establezca, transmitiendo la memoria de dónde» fueron sembradas las minas.
Por su parte, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, expresó que acciones humanitarias como el desminado, que estará a cargo de la fuerza pública, servirá para progresivamente «bajarle la intensidad al conflicto» armado.
Las conversaciones de paz se desarrollan en medio de la conflagración interna, aunque ambas partes han declarado que buscan encaminarse hacia un alto al fuego bilateral.
De hecho, las partes también pactaron «un marco de referencia común» de acciones y dinámicas humanitarias para disminuir la magnitud de los enfrentamientos.
«El propósito (…) es proteger a las personas no combatientes y a la población civil de los efectos que el conflicto armado les causa, mediante acciones o acuerdos de carácter humanitario, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario» (DIH), agregaron.
«Consecuencias prácticas»
En un comunicado posterior, la delegación del gobierno de Colombia sostuvo que este marco debe tener «consecuencias prácticas», como que el ELN «acepte» que el DIH prohíbe el secuestro y que el uso de minas y los ataques a oleoductos son «proscritos» por esta normativa.
Además, indicó que se «avanzó» en un entendimiento aún no formalizado como acuerdo para que se realicen audiencias presenciales y virtuales en las que la mesa recogerá insumos para la discusión del punto de participación ciudadana.
Y también en la «preparación» de la conformación de un fondo de apoyo por parte de los naciones amigas del proceso.
Además de Ecuador, los otros países garantes de estas pláticas son Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela.
Con las negociaciones con el ELN, que cuenta unos 1.500 combatientes según estimaciones oficiales, el gobierno de Santos aspira lograr una «paz completa», luego de que en noviembre firmó un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal y más antigua guerrilla del continente.
