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Por Lissy de Abreu
Bogotá/AFP/PL
El gobierno de Colombia y la guerrilla FARC firmarán este jueves, en un pequeño teatro de Bogotá, el pacto definitivo de paz que busca acabar con medio siglo de confrontación y que fue renegociado para incluir propuestas de la oposición.
El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el actual texto incluye modificaciones, precisiones o ampliaciones en 56 de los 57 ejes temáticos renegociados en Cuba, sede desde 2012 de los diálogos con ese movimiento guerrillero, el principal involucrado en la guerra interna.
Este consenso permitirá destrabar el avanzado proceso pacificador, entorpecido por los inesperados resultados del plebiscito.
En esta ocasión, y tras el rechazo del primer acuerdo en un plebiscito el 2 de octubre, los invitados serán expresidentes colombianos, legisladores, magistrados, víctimas del conflicto armado y representantes de organizaciones sociales.
«Con la firma del Acuerdo Final hoy, la esperanza de paz cobra vida. Será como una obra de autoconstrucción en la que debemos trabajar todos», escribió este jueves el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, en su cuenta en Twitter.
Según el programa, en esta ocasión los únicos oradores serán Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez.
Tal ceremonia transcurrirá en medio de un amplio dispositivo policial, informaron televisoras locales que transmitieron imágenes del despliegue militar.
Simultáneamente a los preparativos de última hora en el Teatro Colón, organizaciones como Paz a la Calle convocaron a los ciudadanos a respaldar la rúbrica con una manifestación en la emblemática Plaza Bolívar.
Queremos evidenciar el apoyo popular al acuerdo entre el Ejecutivo y las FARC-EP, además nuestra movilización será una respuesta frente a la reacción del partido de derecha Centro Democrático (CD) -encabezado por el expresidente Álvaro Uribe-, el cual rechazó el documento, comentó a Prensa Latina José Antequera, uno de los coordinadores de la concentración.
Voceros del CD anticiparon que podrían comenzar a recolectar firmas con el objetivo de impulsar un referendo para modificar el trato.
Después de más de ocho procesos de paz a lo largo de 34 años, que no concluyeron, tenemos ante nosotros la oportunidad única de cerrar este capítulo tan doloroso de nuestra historia el cual ha enlutado y afligido a millones de colombianos, enfatizó Santos esta semana en un llamado a la unidad en torno al pacto con las FARC-EP.
Las negociaciones en la capital cubana duraron casi cuatro años, etapa en la que ambos equipos sortearon hondas contradicciones y varios impasses durante los cuales los diálogos parecieron insalvables, así como la resistencia de tradicionales detractores de la salida civilizada a la confrontación.
Pero uno de los momentos de mayor confusión y desconcierto fue el 2 de octubre cuando venció el No en el plebiscito convocado para validar mediante el voto de la ciudadanía el conjunto de convenios.
El paso siguiente será la refrendación a través del Congreso de la República, donde elaborarán también las leyes de la paz.
Escenario sencillo
El tamaño del clásico Teatro Colón, recientemente remodelado y con capacidad para unas 800 personas, marcará el bajo perfil de la ceremonia en la que será rubricado el acuerdo por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño («Timochenko»).
Un gran contraste con la firma del pacto original, el 26 de septiembre en la caribeña ciudad de Cartagena con la presencia de 2.500 invitados, entre ellos 15 jefes de Estado, y en medio de presentaciones culturales.
El tamaño de la ceremonia, que para hacerla accesible al gran público será proyectada en pantallas gigantes en la plaza Bolívar de Bogotá, fue criticado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El comandante guerrillero Marcos Calarcá, miembro de la delegación de paz que negoció por cuatro años con el gobierno colombiano en Cuba, dijo que «desafortunadamente los espacios son limitados» en el Teatro Colón.
«Hay mucha más gente, que las 800 personas que caben aquí en el teatro, que merecen estar, que quisieran estar, que deben estar», dijo Calarcá a periodistas.
A primeras horas de la tarde, y ya firmado, el texto será llevado al Congreso, de mayoría oficialista y donde se espera quede refrendado la próxima semana.
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, dijo el miércoles a periodistas que el Parlamento está dispuesto a «trabajar todos los días» primero en la refrendación del acuerdo y luego en la aprobación -durante los meses siguientes- de todas las leyes necesarias para ponerlo en marcha.
Lizcano explicó que el próximo martes comenzará la discusión del pacto de paz en ambas cámaras, «en un debate tranquilo, abierto, con televisión, de cara al país, donde no solo van a participar congresistas» sino también víctimas y políticos con posiciones contrarias.
La oposición se mantiene
La decisión de refrendar el acuerdo en el Congreso, tomada el martes por las FARC y el gobierno, fue rechazada por quienes se oponen al pacto, liderados por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe.
Para el derechista Centro Democrático, partido de Uribe, se dio un «golpe a la democracia al negar» la refrendación popular del nuevo acuerdo.
El uribismo insiste en introducir más cambios al pacto, además de los ya operados, como el inventario de bienes que las FARC deberán entregar para reparar víctimas o el reporte detallado sobre su participación en el narcotráfico.
La oposición, que anunció acciones de calle para demostrar su inconformismo, sigue rechazando principalmente que guerrilleros culpables de delitos atroces puedan presentarse a cargos de elección antes de cumplir sus penas.
«Por la cercanía con las elecciones presidenciales de 2018 era muy difícil que la oposición estuviera abordo en un gran pacto nacional, porque sus candidatos están más interesados en diferenciarse del impopular gobierno Santos», explicó la analista Angelika Rettberg.
Premura en implementación
Con la firma de este jueves, también comenzarán a correr los tiempos para la implementación del acuerdo, un asunto en el que gobierno y FARC tienen especial premura.
«La implementación dependerá de los temas. Por ejemplo, temas como la justicia transicional o la reforma rural tomarán más tiempo porque requieren un andamiaje institucional», afirmó Rettberg.
Aunque las partes sostienen un cese al fuego desde fines de agosto, dos hechos han demostrado recientemente su fragilidad: la muerte de dos guerrilleros en supuestos combates con el Ejército y el asesinato de varios líderes sociales.
Según el acuerdo, tras la firma las FARC, nacidas de una sublevación campesina en 1964, deberán comenzar a agruparse en los próximos días en las zonas donde dejarán progresivamente sus armas durante los próximos seis meses, bajo supervisión de la ONU.
La paz, sin embargo, no estará completa mientras siga activo el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con el que el gobierno intenta iniciar una mesa formal de diálogo desde hace meses y que no se ha concretado porque el grupo rebelde aún no libera a un excongresista secuestrado.
El conflicto armado colombiano, del que también han participado paramilitares y agentes estatales, ha dejado más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
