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Bogotá/PL
El Ministerio del Interior de Colombia admitió hoy que este año fueron asesinados por criminales a sueldo 58 líderes comunales y campesinos en todo el territorio nacional.
El titular de esa cartera dijo a noticieros de la radio matutina que existen cifras superiores de instituciones que no se corresponden con las que maneja el gobierno, cuyo registro de víctimas de activistas es de 58. El Gobierno no ha encontrado en sus indagatorias que haya una sistematicidad en estos crímenes, que sin duda preocupan al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, anunció el jefe de esa cartera.
Comentó que en el caso de los departamentos de Cauca y Nariño, en el extremo sur del país, donde las FARC-EP están dejando aquellos territorios tras el acuerdo de paz, existen grupos del narcotráfico que son los autores de algunos asesinatos de activistas locales.
Sobre las afirmaciones del gobierno, el senador de izquierda Iván Cepeda dijo que comparte el criterio del ministro Cristo en relación con que estos homicidios dirigidos representan una amenaza muy seria contra el proceso de paz.
El legislador del Polo Democrático Alternativo valoró el hecho de que el presidente Juan Manuel Santos haya salido a ponerle un alto a esta situación: ‘A los violentos hay que frenarlos ya’, agregó.
Se trata de un plan sistemático de exterminio de activistas de izquierda y dirigentes agrarios locales, con mayor énfasis en las regiones apartadas del país, apuntó Cepeda.
Por su parte, el diario El Tiempo de Bogotá denuncia en su edición de este jueves que en la última semana fueron asesinados los líderes campesinos Erley Monroy, Didier Loaiza Barreto, José Antonio Velasco, Rodrigo Cabrera y John Rodríguez, hechos ocurridos en San Vicente del Caguán (Caquetá), Caloto (Cauca), Policarpa (Nariño) y La Macarena (Meta).
En una reunión el martes pasado con la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos, efectuada en la Casa de Nariño, Santos dijo que convocará a los gobernadores de las demarcaciones de Cauca, Nariño, Caquetá, Meta y Norte de Santander, los departamentos más azotados por esta ola de violencia, para analizar esa grave situación.
Asimismo, Jorge Retrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, explicó: ‘Si el acuerdo de paz estuviera andando ya, por ejemplo, existiera la actuación en el terreno de la Misión de Monitoreo y de Verificación; las unidades de Policía de Pacificación y de Protección, se estuviera en presencia de una institución activa y más robusta’.
La prensa y figuras de la política nacional responsabilizan constantemente de esos crímenes contra activistas políticos y sociales a grupos del narcotráfico, paramilitares activos, sicarios de la oligarquía y a cacicatos políticos que actúan de manera violenta en determinadas localidades del territorio nacional.
