Por Leonel Herrera*
El gobierno de Nayib Bukele tiene una vocación criminal, es decir: se caracteriza -entre otras cosas- por violar leyes, cometer ilícitos y pactar con grupos criminales. Lo confirma claramente la reciente publicación de El Faro sobre un intento de recapturar a Elmer Canales Rivera, cabecilla de la MS-13 conocido como “Crook”, mediante una conspiración que involucraba a otro jefe de maras y a un cártel del narcotráfico mexicano.
El semanario digital reveló el pasado fin de semana que la delictiva operación era coordinada directamente por el inspector Raúl Eduardo Reyes Escuintla, jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC), quien hablaba en nombre de un “patrón” o “mandamás” que -según El Faro- podría ser el director de la Policía, el ministro de Seguridad o el propio Bukele.
Según dicha información periodística, el gobierno salvadoreño estuvo dispuesto a pagar por la recaptura de “Crook” un monto de 1.3 millones de dólares a un cabecilla del Barrio 18 Sureños conocido como “Rafa” y al Cártel de Jalisco Nueva Generación, considerado como uno de los grupos criminales más violentos del mundo.
El propósito del operativo era anticiparse a las autoridades de Estados Unidos para evitar la extradición de “Crook” y para dar un golpe mediático antes de las elecciones del próximo 4 de febrero en las que Bukele buscará reelegirse en el cargo, a pesar de que varios artículos de la Constitución de la República lo prohíben expresamente.
La referida conspiración no tuvo el resultado deseado por el gobierno salvadoreño porque a principios de noviembre del año pasado “Crook” fue detenido en México por agentes de seguridad estadounidenses y llevado ante la justicia gringa, donde el jefe pandilleril podría criteriarse y testificar contra la administración de Bukele proporcionando información sobre sus negociaciones y pactos con las maras.
El gobierno también habría buscado a traficantes de personas en su intento de recapturar a “Crook”, a quien las mismas autoridades salvadoreñas sacaron ilegalmente de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca donde cumplía una condena de 40 años de prisión, le entregaron una pistola para su defensa personal, lo alojaron en un apartamento lujoso en San Salvador y después lo llevaron a Guatemala a finales de 2021.
En audios publicados por El Faro, el director de Reconstrucción del Tejido Social del Ministerio de Gobernación, Carlos Marroquín, admite que él personalmente ejecutó la referida operación ilícita y también afirma que Batman (presuntamente refiriéndose al presidente Bukele) estaba al tanto del asunto.
La liberación ilegal de “Crook” confirmó las negociaciones gubernamentales con las maras y mostró cómo la administración de Bukele no tiene escrúpulos para excarcelar ilegalmente a un criminal, mientras mantiene en prisión a miles de personas inocentes detenidas durante el régimen de excepción sin tener vínculos con pandillas.
Y ahora el fallido intento de recapturar a “Crook”, utilizando para esto a un cabecilla de una mara rival y a un cártel de la droga, demuestra que el gobernante salvadoreño y sus secuaces están dispuestos a hacer cualquier cosa sin importar las consecuencias para el país. Por tanto, es urgente que la población reflexione sobre los peligros que representa la continuidad de funcionarios con vocación criminal.
Lo que sucede actualmente en Ecuador, donde los cárteles del narcotráfico están en guerra abierta contra el Estado, es un ejemplo aleccionador de lo que sucede cuando un gobierno entra en contubernios con estos grupos criminales y después intentan repelerlos. El Salvador ha ido demasiado lejos con el comportamiento insensato, irresponsable, temerario y delictivo de este gobierno: la seguridad del país está en grave riesgo.