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Gobierno reitera que trabaja para reducir criminalidad, ya que de enero a junio se registraron 940 homicidios menos que en el mismo período de 2019. Foto Cortesía / @PNCSV

Gobierno confirma 25 días sin homicidios en primer año de plan de seguridad

@DiarioCoLatino 

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas dijo en conferencia de prensa este martes que el índice de homicidios en el mes de junio se ubica en 2.41 %. 

Rivas sostuvo que en lo que va de junio se registran 53 homicidios y lo atribuyó al accionar del Plan Control Territorial, mismo que el pasado sábado 20 de junio cumplió un año de vigencia y es a menudo mencionado por las autoridades del ramo de Seguridad como la causa del descenso drástico de la criminalidad de las pandillas.

El ministro señaló que de enero a junio se registraron 940 homicidios menos que en el mismo período de 2019. Asimismo, destacó una reducción del 44 % en el número de desapariciones.

Según las autoridades del gabinete de seguridad, desde la implementación del plan, 116 municipios no reportan homicidios y en un año de vigencia de la estrategia gubernamental, en 25 días no se han registrado asesinatos, siendo el más reciente el pasado 22 de junio.

Sin embargo, durante la vigencia del plan, en los días 20 de septiembre de 2019 y 24 de abril de este año, se reportaron números atípicos con la tendencia a la baja con 19 y 23 homicidios respectivamente.

Además, el plan ha sido cuestionado por no divulgar una directriz clara sobre las acciones a emprender en el combate a la delincuencia, no se han mostrado indicadores sobre su eficacia más allá del de la reducción de los homicidios ni brinda información pormenorizada sobre su ejecución.

“Control Territorial” estará constituido por siete fases, según adelantó el presidente Nayib Bukele, el 3 de julio de 2019, cuando presentó la segunda fase denominada: Oportunidad. En la que se pretende mejorar el entorno para los habitantes de las comunidades más estigmatizadas por la violencia en las últimas décadas.

El Gobierno ha hecho pública hasta la fase tres, en la que se busca modernizar en equipo a instituciones dedicadas a la seguridad pública para el combate a la delincuencia.

Hasta antes de la emergencia sanitaria por COVID-19, el debate común entre los órganos Legislativo y Ejecutivo era la aprobación de créditos dedicados a la financiación de éstas fases del plan.

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