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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
La persecución a críticos y opositores es un claro síntoma antidemocrático, propio de la dictadura: el actual Gobierno da pasos firmes en ese rumbo, lo hace cada vez más evidente hasta para quienes lo dudaban.
La expulsión del periodista mexicano Daniel Lizarraga, la agresión física al periodista Jorge Beltrán Luna por un subinspector de la PNC y la amenaza al abogado Enrique Anaya, todo ocurrido en un mismo día, recuerda tiempos en que las dictaduras militares expulsaban del país a sindicalistas, estudiantes, poetas y periodistas hacia Nicaragua, a Guatemala o a Honduras.
Reflejan la voluntad de reprimir la crítica, la utilización del sistema judicial para fines partidistas, reflejan la impunidad, ya no solo como forma de dejar pasar los delitos sin juzgarlos, sino la decisión de actuar, incluso delictivamente, para aplacar cualquier crítica.
No se trata de qué signo ideológico o preferencia política sean las personas objeto de los atropellos, sino de la manifiesta voluntad de cometer abusos de poder y exhibirse, como se exhibe la voluntad de imponer una moneda virtual que crea condiciones propicias para ocultar origen de capitales mal habidos.
Estos signos no son nuevos, aunque algunas personas y sectores, aún antes de las elecciones del 28 de marzo, le daban el beneficio de la duda al resultado que se avizoraba mayoritario para el partido del presidente en las elecciones legislativas.
Hubo razonamientos en el sentido de que una mayoría legislativa favorable al presidente podría representar oportunidad de cambio en la manera de hacer política; pero resultó que el cambio que produjo esa mayoría bukelista el 1 de mayo consistió en destituir la Sala de lo Constitucional y nombrar o elegir una sala usurpadora y un fiscal afín al presidente.
El cambio que vivimos es acelerado y en dirección a configurar un régimen dictatorial. En este espacio así se advirtió desde el inicio de la gestión gubernamental de Bukele, otros se han frustrado en sus ilusiones porque esperaban algo distinto.
A una dictadura le molesta la crítica, los reclamos, las exigencias y demandas de mejora que haga la ciudadanía, las organizaciones; a una dictadura le molesta la libertad de pensamiento, de expresión, de organización fuera de su control y a eso fue a lo que nos enfrentamos el siglo pasado, quienes asumimos la determinación de luchar para cambiar la dictadura y abrir paso a la democracia en el país.
El Gobierno ha contado con mucho respaldo popular hasta para sus acciones delictivas, como la elección de una Sala de lo Constitucional que usurpó a la legal y legítima, pero poco a poco empieza mucha gente a reaccionar, se dan cuenta que serán afectados o son ya afectados por decisiones de funcionarios de gobierno.
Muchas criticas al modo de proceder del Gobierno, en casos de violencia contra las mujeres, los hallazgos de crímenes en serie como los del ex policía en Chalchuapa y la sanción al perito forense, hechas por algunos abogados y abogadas valientes, son compartidas por parte de la ciudadanía que mira y calla; por eso tiene sentido el llamamiento a las universidades hecho recientemente por un exmagistrado de la CSJ, para que cumplan su responsabilidad de ser conciencia crítica.
La fachada empieza a desvanecerse, el tiempo dado por algunos con la esperanza de que esto fuera en rumbo distinto empieza a cambiar, cuando la afectación de sus actuaciones es percibida como dañina a la generalidad.
Una evidencia se tiene en la respuesta de la gente a la encuesta recientemente realizada por la Universidad Gavidia, sobre el conocimiento, aceptación o rechazo a la Ley Bitcoin, que la mayoría rechaza.
No es casual que se sostenga el pedido de derogar o reformar esa ley, y que la gente exprese que la verdadera motivación es interés del presidente y su grupo gobernante, que aumente la sensación de incertidumbre sobre lo que pueda venir con la puesta en marcha de esa ley, y la desaprobación del presidente por una proporción importante, mayor al 30 %.
Entre más tarde reaccione la población y rechace los atropellos, más profundos serán los daños a la sociedad, más graves los retrocesos en la institucionalidad y a la vida social y económica de las mayorías.
El rumbo del gobierno está claro, conduce al país aceleradamente a revestir de legalidad su régimen dictatorial, con el consiguiente reinado de la arbitrariedad, la destrucción de políticas sociales, manipulación del sistema judicial para ocultar corrupción y delitos de sus funcionarios y para perseguir la protesta y a los opositores.
Cerrar los ojos o callar facilita ese rumbo y será juzgado por la historia en el futuro.
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