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Rebeca Henríquez
@RebeHenríquez
A través del foro “La desaparición de personas en El Salvador 2020- 2022”, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de a Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó el informe: “La desaparición de personas en El Salvador el continuum de la impunidad”, en el que la institución cuestionó el rol estatal y la respuesta del Gobierno ante la problemática, con el objetivo de visibilizar la situación y afectaciones.
“La desaparición forzada es una de las violaciones a los derechos humanos más graves y crueles, porque no solo implica la detención de las personas o la privación de libertad, sino que van una serie de violaciones, y es por eso que este delito tiene un carácter pluriofensivo, por la cantidad de derechos relacionados, algo que no solo pone en peligro la libertad a de las personas, sino, también, su integridad”, externó Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la universidad.
A criterio de Santos, el delito comienza con la privación de libertad, en las diversas formas en las que se pueda dar, donde el Estado debe tener actuación y no dar paso a la aquiescencia cuando permite la participación de otros actores que no son agentes estatales. La problemática se agudizó desde la época del conflicto armado, utilizada como una herramienta para infundir terror en la sociedad, no solo a una persona en concreto y a su familia, sino también a las comunidades, y a la sociedad en general.
A partir de la primera década del siglo XXI, la problemática presentó dos elementos relevantes, según Santos. En primera instancia no es realizado solo por agentes del Estado, sino que también por particulares, junto a la impunidad y “el no saber dónde está la persona desaparecida que le genera zozobra y dolor permanente a la familia”.
Con base a datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC), que presentaron problemas respecto a la homologación de las cifras, de información que no es de carácter público, y en contraste con el trimestre de 2020 y 2022, hubo un incremento del 59.9% en casos de desaparecidos, de 207 a 331, respectivamente. Entre el 1 de enero del 2020 al 30 de junio de 2022, suman 4,060 casos, de los cuales 1309 activos. En 2022 hubo un descenso del 45.61% de desaparecidos.
Respecto a los casos anuales, de enero de 2020 a junio de 2022 se reportaron 1446 víctimas, de las que el 36.61% no se ubicó, entre casos activos finalizados y pendientes. De la cifra, 255 fueron encontrados sin vida, lo que representa un 6.28%, y en 2020 a 2021 las personas sin ser ubicadas aumentaron un 13.94%, y las ubicadas sin vida 9.80%.
El 79% de personas corresponde a hombres, es decir 1,038 casos, y el 21% identificados como mujeres, de los cuales el 41% son jóvenes de 18 a 30 años, y el 15% adolescentes de 12 a 17 años. San Salvador en primer lugar con 430 casos, La Libertad en segundo con 206 y San Miguel en tercer lugar con 132.
En el reporte también se presentó el hallazgo de las fosas clandestinas por municipio, durante el 2022. En Soyapango se descubrió una el 18 de enero con un 1 víctima, en Chalchuapa, Santa Ana, el 30 de mayo se encontraron 30 personas, en la Libertad 8 personas en dos zonas, y el 6 de noviembre un total de 26, en el mismo departamento.
Jorge Rodríguez, coordinador técnico del OUDH, comentó que los índices del delito presentaron variables con una tendencia a la baja a pesar de comportamientos atípicos, y entre los años 2005 y 2011 se presentaron cambios homogéneos, levemente al alza, pero a partir de 2012 y 2013, hay una reducción debido a la estrategia gubernamental de “negociación” del Estado y los grupos al margen de la ley, y el aumento de denuncias de desaparecidos entre el mismo periodo.
Rodríguez aseguró que, en contraste, las tasas de homicidios y desaparecidos durante las últimas tres administraciones en el gobierno son: Mauricio Funes, con un promedio anual de homicidios de 3,570, mientras que en el periodo hubo 4,786 desaparecidos. En la gestión del ex presidente Sánchez Cerén hubo 4,633 homicidios al año al año, y 10,112 desaparecidos en cinco años. En el Gobierno de Nayib Bukele se registra un descenso en los homicidios, pues suman 1,647, mientras que en tres años y medio suman ya 6,240 desaparecidos.
Desde la perspectiva del OUDH, el Estado tiene como desafío la creación de un Sistema Único Nacional de Desaparecidos y Registro de Cadáveres, además de una declaratoria de Día Nacional de la Persona Desaparecida, que contribuiría a la sensibilización sobre la problemática.
La desaparición de personas es una de las más graves violaciones a los derechos humanos fundamentales, que en perspectiva de los periodos presidenciales, la tasa más alta se registró en 2019, en el periodo de Bukele, con 43 denuncias por cada 100 mil habitantes, con patrones de re victimización, estigmatización y trato inhumano, por lo que la organización instó al Estado a diseñar un Sistema Nacional de Búsqueda para que desarrolle labores en favor de la problemática.
