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Redacción Nacionales
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El 1 de junio inició el segundo período presidencial de Nayib Bukele, que viola de manera flagrante la prohibición constitucional a la reelección, pero sobre todo emula el ejemplo de las dictaduras de la dinastía Meléndez Quiñonez y del tirano Maximiliano Hernández Martínez.
Este hecho constituye la consumación de los ataques al Estado de derecho que comenzó en mayo de 2021 cuando el régimen de Bukele dio los primeros pasos para desmantelar las estructuras democráticas de El Salvador cooptando los poderes legislativo y judicial, las fuerzas armadas y la policía nacional civil.
Bukele se ha caracterizado por gobernar mediante leyes que se aprueban sin la debida deliberación, discusión pública y manipulando el orden constitucional, hasta la anulación efectiva de la Carta Magna.
Las imágenes futuristas y fantasías tecnológicas que promueve la avalancha propagandística del oficialismo tratan de ocultar que los peores aspectos del pasado autoritario del país están recuperando vigencia.
En contradicción de los Acuerdos de Paz, con este gobierno la Fuerza Armada ha recuperado el protagonismo en la vida política del país que tanto daño hizo en el pasado; se ha convertido en una fuerza pretoriana sometida a los designios del ejecutivo.
La mayor conquista de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992 fue el establecimiento de un sistema democrático, que a pesar de sus imperfecciones, se desenvolvía dentro de los parámetros establecidos por la Constitución, sin embargo, este proceso fue destruido con la reelección ilegítima de Bukele, el 4 de febrero de 2024.
El actual gobierno ha violado los principios democráticos, pero la resistencia libertaria debe prevalecer, por ello, es importante que la población sin distinción de ideología política, función o cargo, reafirme su adhesión a las instituciones democráticas manteniendo una actitud de firme compromiso con el espíritu y la letra de la Constitución vigente.
Una de las principales preocupaciones de los diferentes sectores sociales, son los arrestos arbitrarios, el olvido de la presunción de inocencia y la falta del debido proceso; mientras que, la inseguridad jurídica ya está haciendo graves daños al clima económico.
Ante la violación de los principios democráticos por parte del gobierno de Bukele, se vuelve necesario reformar la Constitución para reforzar la prohibición a la reelección y garantizar procesos que conduzcan a colocar en la agenda nacional, la justicia social y problemática de la clase trabajadora, eliminando los mecanismos de exclusión social y económica.
