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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Apocos días de cumplirse cuatro años de estar en la presidencia de la República Nayib Bukele, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) reiteró que este tiempo el gobierno conformó un régimen familiar y empresarial aliado de la oligarquía tradicional, sustentado en la ilegalidad, represión y corrupción.
“Desde la entrada de este gobierno hemos sufrido una serie de deterioros en la institucionalidad del Estado salvadoreño, como el golpe de Estado dado por el presidente Bukele militares y policías en la Asamblea Legislativa, en febrero de 2020. Al tiempo se deterioran las condiciones de vida del pueblo, aumenta la pobreza, se estanca la economía y crece la deuda pública”, recalcó Marisela Ramírez, representante del BRP.
Además, en la evaluación de estos cuatro años de gobierno, enfatizó sobre la destitución ilegal de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ, del fiscal general de la república y de más de 100 jueces.
Encarcelamiento de miles de personas inocentes y acusadas de ser pandilleras, bajo el Régimen de Excepción que lleva más de un año en vigencia, y ha golpeado sobre todo a las familias más empobrecidas.
Ramírez manifestó que en este período se ha dado el encarcelamiento y persecución de opositores políticos, dirigentes sindicales y comunitarios, sin pruebas de los delitos los cuales les imputan; así como el despido injustificado de miles de empleados públicos, incluyendo personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
Asimismo, se les ha negado las credenciales a cientos de sindicatos y allanamiento a ONG´s que apoyan a los sectores de bajos ingresos y son de oposición, pero en especial señalan los retrocesos que el país vive.
“Este gobierno se ha negado a rendir cuentas, ha robado dinero del Estado y ha creado toda una institucionalidad para defenderse a sí mismo; además la decisión ilegal del presidente Bukele de reelegirse para un segundo periodo, constituye ese carácter autoritario y corrupto del gobierno”, aseguró la representante del BRP.
En cuanto al deterioro de las condiciones de vida del pueblo, detalló que la pobreza aumentó del 22.8% en los hogares durante 2019, al 26.6% en 2022; más de 600,000 personas pasan hambre, los alimentos se han encarecido 30%. También encareció el servicio de agua, los combustibles, materiales de construcción y los intereses crediticios.
El gobierno eliminó 15 programas sociales que beneficiaban a la población de menos recursos, entre ellos: alfabetización, pensión básica, atendiendo la salud de la mujer, entre otros.
A criterio de los representantes del BRP, el sector agropecuario está golpeado por los altos costos y la competencia de productos importados, que aumentó en un 70%. La producción nacional no aumenta debido a la baja inversión pública y privada.
