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Por Hector Velasco/La Habana/AFP
El gobierno de Juan Manuel Santos chocó de frente con las pretensiones de las FARC de que se creen zonas desmilitarizadas en Colombia, donde esa guerrilla concentraría sus tropas, y reducir el tamaño del Ejército como parte del acuerdo de paz que negocian en Cuba.
Este martes la delegación oficial en La Habana cerró la puerta a pretensiones históricas del grupo guerrillero, en medio de las discusiones intensas que mantienen sobre uno de los puntos más sensibles del proceso de paz: la justicia y reparación de las víctimas del único conflicto armado en América Latina, y uno de los más antiguos del mundo.
«No estamos en este proceso para dividir el país ni para hacer entrega de territorios ingobernables», sostuvo, enérgico, el general retirado Jorge Enrique Mora, miembro del equipo negociador del gobierno.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) plantearon hace una semana al gobierno la delimitación de esas zonas en las regiones donde a lo largo de décadas han hecho presencia, principalmente en el sur, noreste y este del país.
Esas áreas -cuya extensión y número no han sido especificadas por los rebeldes- estarían sin Ejército y servirían además, según las FARC, para reparar a las víctimas de la lucha armada, que deja unos 220.000 muertos y millones de campesinos desplazados en más de medio siglo.
Pero el gobierno dejó sin piso los llamados «territorios especiales de paz (terrepaz)», donde según la propuesta rebelde, la ONU y organismos regionales como Unasur y Celac ejercerían presencia durante el tiempo en que estén vigentes.
«Nunca hemos pensado en una Colombia fragmentada, no hace parte de nuestro imaginario. !Jamás lo hemos pensado! Los famosos ‘terrepaz’ hacen parte del imaginario de las FARC», declaró Mora.
La concesión de zonas desmilitarizadas, más allá de los fines pacíficos que plantean las FARC, generan mucha resistencia en amplios sectores políticos de Colombia, debido en parte al fallido proceso de paz que se llevó a cabo entre 1998 y 2002, cuando las FARC recibieron una zona de 42.000 km2 como sede de paz.
Los jefes militares de entonces denunciaron que el área fue utilizada por la guerrilla para fortalecer su aparato de guerra.
FARC insisten con desmilitarización
En armas contra el Estado desde 1964, las FARC habían considerado igualmente como «necesaria» para la paz una «transformación de la doctrina y tamaño de las fuerzas armadas de Colombia», una vez concluyan con éxito las negociaciones de paz en las que están comprometidas desde hace tres años.
«Las FARC deben tener absolutamente claro que el proceso que estamos adelantando no incluye reconvenciones, ni redefiniciones a la misión y presupuestos, al tamaño de las fuerzas» armadas, sostuvo Mora.
Con unos 47 millones de habitantes, Colombia cuenta con un pie de fuerza pública de casi medio millón de miembros, entre policías y militares, destinado en buena parte a combatir a las FARC y otras organizaciones armadas ilegales. El grupo guerrillero dispone de unos 7.000 combatientes, según recientes estimaciones oficiales.
El general Mora consideró que ese tipo de pedidos deben ser tomados como «aspiraciones de las FARC que no tienen futuro», y enfatizó que tampoco contribuyen a «las expectativas de paz».
Previo al enérgico mensaje de la delegación oficial, las FARC insistieron en la demarcación de zonas desmilitarizadas de paz, a las que describieron como «laboratorios de reconciliación», y consideraron que la seguridad de la mismas es «un problema de policía» y no del Ejército.
«Consideramos que esa función de policía en los territorios puede ser cumplida de múltiples formas, sin que necesariamente implique la continuación de la presencia de las fuerzas militares, que consideramos deben pasar, luego de cerrado el acuerdo, a cumplir otras funciones, sobre todo la defensa de nuestro territorio», dijo Carlos Antonio Lozada, negociador de paz de las FARC.
El nuevo choque entre las partes que negocian en La Habana, con los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes, corona varias semanas de tensión por desacuerdos en torno a convenios parciales alcanzados en la mesa, especialmente el relacionado con justicia para las víctimas que incluye, entre otros, la creación de un tribunal especial para juzgar a los rebeldes implicados en delitos graves.
Es la cuarta vez en medio siglo que Colombia intenta alcanzar una solución negociada al conflicto con las FARC, y para que esa guerrilla deponga las armas y se convierta en un partido político.
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