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Por Francisco Jara
La Habana/AFP
El gobierno de Colombia y la guerrilla FARC alcanzaron el domingo un histórico acuerdo para desescalar el conflicto armado y acelerar el proceso de paz, a cuya aplicación en los próximos cuatro meses el presidente Juan Manuel Santos supeditó la continuidad de las negociaciones.
«El Gobierno Nacional, a partir del 20 de julio, pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC», dijeron los negociadores del gobierno y las FARC en un comunicado conjunto, leído en La Habana por el diplomático noruego Dag Nylander, cuyo país es «garante» del proceso de paz.
Ésta es la primera vez que el gobierno de Santos acepta reducir las operaciones contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) desde el inicio de las negociaciones, en 2012.
Sin embargo, en una alocución desde Bogotá, el mandatario colombiano advirtió que la continuidad del proceso de paz quedó supeditada a que la guerrilla cumpla en los próximos cuatro meses con el acuerdo alcanzado en Cuba.
«Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó y en cuatro meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de si seguimos con el proceso o no», aseguró Santos.
No obstante, pese a su advertencia, también dijo que «con estos nuevos avances, por fin veo clara la luz al final del túnel, y esto me llena de confianza y esperanza. Vamos a lograr esa paz que ha sido tan esquiva».
El acuerdo sin precedentes, que busca impulsar las negociaciones para un cese al fuego bilateral y definitivo, fue alcanzado cuatro días después de que las FARC decretaran una tregua unilateral de un mes a partir del 20 de julio.
«Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC hemos decidido hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar sin demora a la firma de un acuerdo final», dijeron ambas partes en otro apartado del comunicado conjunto, leído por el diplomático cubano Rodolfo Benítez, cuyo país también es «garante» del proceso.
Acompañamiento de ONU y Unasur
Benítez anunció además que las partes solicitarán «el acompañamiento» de un delegado del secretario general de la ONU y un representante de la presidencia de Unasur (actualmente ejercida por Uruguay), para que contribuyan «a poner en marcha la discusión sobre el sistema de monitoreo y verificación» del eventual cese al fuego.
El anuncio fue hecho por los diplomáticos de Cuba y Noruega junto a ambos equipos negociadores y enviados de Chile y Venezuela, países «acompañantes» del proceso.
Según lo dicho en La Habana, las partes harán en cuatro meses una evaluación de las medidas, aunque un portavoz de las FARC aclaró a la AFP que ese grupo resolverá dentro de un mes si prorroga su tregua unilateral de 30 días.
Antes del pronunciamiento del mandatario colombiano, el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, dijo que lo anunciado era «un relanzamiento vigoroso, prometedor y esperanzador del proceso».
Su contraparte, Humberto de la Calle, destacó que este acuerdo «busca fortalecer la confianza de los colombianos en el proceso de paz», aclarando que, aunque el gobierno reducirá las operaciones contrainsurgentes, seguirá cumpliendo su deber de proteger a la población.
«Este acuerdo realmente le cambió el rostro a la negociación, es un ‘oxigenazo’ que espero que siga progresando», declaró por su parte a la AFP un diplomático que sigue las negociaciones.
Saldo de 220.000 muertos
Las FARC, la mayor guerrilla de Colombia, mantuvieron una tregua unilateral de cinco meses desde diciembre pasado, pero la levantaron el mayo tras sufrir una seguidilla de ataques militares.
El gobierno y las FARC se culpan mutuamente de haber encendido la chispa que condujo al escalamiento del último conflicto armado en América, que ha dejado en medio siglo 220.000 muertos y seis millones de desplazados.
El acuerdo para desescalar el conflicto fue alcanzado mientras las partes discuten sobre reparación de las víctimas del conflicto.
El gobierno y las FARC han consensuado hasta ahora tres de los seis puntos de la agenda, y han acordado además un programa de desminado y la creación de una Comisión de la Verdad.
Una vez cierren el tema de reparación de las víctimas, ambas partes deberán abordar el complejo punto de la justicia por los crímenes cometidos cometidos en el marco de la confrontación, en el que tienen profundas diferencias.
El gobierno y las FARC iniciaron un receso este domingo y retomarán las negociaciones después del feriado colombiano del 20 de julio.
