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Por Leonel Herrera*
A pesar del bloqueo gubernamental al acceso a la información pública, el periodismo investigativo revela hechos escandalosos y espeluznantes que -en cualquier sociedad democrática o al menos no alienada por la propaganda oficial- pondrían en jaque a las autoridades señaladas y al régimen en su conjunto. La semana pasada El Faro reveló que la inteligencia policial del actual gobierno perfila al viceministro de Seguridad Pública, Osiris Luna, como “delincuente”, en un reportaje que puede leerse en el siguiente enlace: https://elfaro.net/es/202211/
La publicación del semanario digital -desde luego- no fue retomada por más medios periodísticos dados los peligros de difundir información crítica sobre el quehacer gubernamental y eventuales represalias por informar sobre irregularidades, abusos y posibles delitos cometidos por funcionarios públicos, sobre todo cuando se refieren a presuntos actos de corrupción y a negociaciones con maras, los temas más espinosos para el gobierno de Nayib Bukele.
La principal fuente de El Faro son documentos confidenciales de la Subdirección de Inteligencia Policial (SIPOL) entregados por Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), organización que promueve el acceso a información de interés público que los obtuvo directamente del grupo de hackers autodenominado “Guacamaya”. Dichos documentos, elaborados en abril de 2020, vinculan a Luna con redes criminales y lo señalan de usar su cargo de director de Centros Penales para mantener reuniones con cabecillas de pandillas y con condenados por narcotráfico y lavado de dinero, entre éstos Jorge Ulloa Sibrián y el ex diputado Wílber Rivera Monge.
Los documentos citados por el medio digital también señalan a Luna de mal administrar fondos de las tiendas penitenciarias y de integrar un “círculo delictivo” con otros personajes de la política nacional, entre éstos el diputado oficialista Guillermo Gallegos y Herbert Saca, operador político de los ex presidentes Antonio Saca y Mauricio Funes.
Según El Faro, los reportes de SIPOL provienen de una investigación contra Luna después de que éste viajó, en octubre de 2019, a México en un jet privado por un costo de 27,000 dólares que habrían sido pagados por la empresa Seguritech, pero los documentos policiales presumen que fueron tomados de ASOCAMBIO, la asociación que administra las tiendas penitenciarias.
Vale recordar que -entre otras irregularidades- Luna también está señalado de utilizar 278,000 dólares en “plazas fantasmas” y robar 42 mil paquetes alimenticios valorados en más de 1.6 millones de dólares que debían entregarse a personas necesitadas durante la cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19 (https://elfaro.net/es/202109/
El hecho publicado por El Faro no debería pasar desapercibido, debido a dos aspectos relevantes: quién es el funcionario perfilado como “delincuente” y cuál es la instancia que establece su “perfil delincuencial”. El presunto delincuente es un funcionario con un rol importante en la estrategia de seguridad del gobierno y es actor clave en las negociaciones con pandillas que han sido reveladas por el periodismo investigativo. Se trata de un alto funcionario de seguridad pública (viceministro de Seguridad y director de Centros Penales) que -irónicamente- está perfilado como “delincuente” y, a pesar de eso, se mantiene en el cargo.
Y la instancia que señala su “perfil delictivo” es la mismísima Subdirección de Inteligencia de la Policía, es decir: Luna es un funcionario perfilado como “delincuente” por el propio gobierno al que pertenece. No es una instancia influenciada por la oposición ni siquiera una institución independiente (porque ya no hay ninguna en este régimen), ¡es una instancia controlada por el oficialismo la que dice que uno de sus funcionarios tiene un “perfil delincuencial”!
¿Por qué sucede esto?, es la pregunta necesaria ¿Acaso Luna posee información crítica del gobierno y para tener su silencio hay que mantenerlo en el cargo a pesar de su “perfil delictivo”? ¿A qué funcionarios que están arriba de él podría perjudicar si fuera destituido y enjuiciado? ¿O es que las funciones que él desempeña llevan implícita alguna permisividad delictiva? El país debería saberlo porque es asunto de interés público que afecta intereses ciudadanos.
Y la otra pregunta relevante vinculada al título de este artículo sería: ¿Hay otros funcionarios del gobierno que -como Osiris Luna- están perfilados como “delincuentes” por la SIPOL o por cualquier otra instancia estatal? En este sentido, podría preguntarse: ¿qué hay de los demás funcionarios vinculados a negociaciones con maras que eran investigados por la fiscalía de Raúl Melara? y ¿qué de los señalados de corrupción en manejo de fondos públicos durante la pandemia que fueron denunciados por la extinta CICIES? ¿También están perfilados como delincuentes? ¿En el régimen de Bukele algunos funcionarios tienen permitido delinquir? Son preguntas. Ojalá hubiera respuestas.
*Periodista y activista social.
