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Yaneth Estrada
@caricheop
El Gobierno de El Salvador informó que para este año la inversión en el área de salud tuvo un incremento equivale a un 123 %, en comparación al año 2018 (de $11,028,177.89 a contar con $24,585,728.43 este año). Cabe destacar, ese año no se tuvo pandemia, ni una situación de emergencia.
Según las autoridades, la población puede percibir los primeros cambios en el sistema de salud pública. Entre ellos, el refuerzo y mejora de la infraestructura de la red de hospitales, 31 en total, además del resto de centros asistenciales de unidades médicas.
Igualmente, el ministro de Salud, Francisco Alabí informó de la contratación de más personal, cerca de 1,469 plazas nuevas para médicos internos y odontólogos en año social, así como para residentes becarios.
“La inversión que este Gobierno está haciendo en el área de salud nunca se había visto, el país está pasando a ubicarse al mismo nivel de países del primer mundo con más recursos que priorizan la salud del pueblo. El Gobierno destinó este año el 6.8 por ciento a salud, equivalente al Producto Interno Bruto (PIB)”, señalaron.
Las contradicciones
Con un incremento del 123 % al MINSAL durante la pandemia hubo siete acusaciones de compras irregulares, a familiares directos, diputados y dos ministros de la actual administración. Ante las denuncias, en diferentes instancias, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió más de veinte expedientes e inició investigaciones y peritajes por un monto de más de 155 millones de dólares.
También se denunció la remodelación de la oficina del ministro, por más de 54,000 dólares, alquiler de vivienda a familiar $12,000, compra de $575 millones de hidroxicloroquina luego descartada como procedimiento para atender la COVID-19 por la OMS, hospital más grande América Latina para casos COVID-19, aún en construcción por $75 millones, y la construcción de 152 cabinas para la aplicación de la vacuna Aztrazeneca por $5 millones.
En cuanto a las mejoras infraestructuras, algunos sindicatos denunciaron que son de tipo estético, con fondos obtenidos por el gobierno anterior, igual que la entrega del Hospital de La Unión.
En un comunicado, el Sindicato de Médicos del Hospital Nacional Rosales (SIMEHR) afirmó: “Las decisiones político partidarias con fines electorales, sin tomar en cuenta la parte técnica afectó al sector médico (142 fallecidos) grupos vulnerables (pacientes con VIH, insuficiencia renal, lupus, diabetes), ciudadanía (cuarentena domiciliaria obligatoria), economía (70 % pérdida de empleo) y según estimaciones aumentaría la pobreza, en un 70 %”.
“No es cierto que mucho de este préstamo va directamente para fortalecer la red del sistema nacional de salud. Por ejemplo, de los 250 millones prestados por el BID, solo se destinó $30 millones al Hospital El Salvador. Lo más preocupante es que este endeudamiento no se ve reflejado en el cumplimiento del derecho a la salud o en el mejoramiento de la atención”, dijo Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud.
Además de demostrar, “incapacidad e ignorancia ocasionaron un daño catastrófico en la población”.
Sobre la apertura de plazas, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Salud (SITRASALUD) denunció ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) las violaciones a las normas de trabajo, por parte del ministro de Salud, Francisco Alabí, por falta de pago de nivelación salarial y favorecer a nuevos empleados, sin cumplir los procedimientos establecidos. Con este incremento, el salario para los médicos internos rondaría los $600 y para los de año social ascendería a los $700, menos los descuentos de ley correspondientes.
