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Por Juliette Michel/Béatrice Le Bohec
París/AFP
Francia empezó a utilizar sus reservas estratégicas de petróleo para hacer frente a la escasez de combustible debido al conflicto social contra la ley laboral, healing que afecta a refinerías, ampoule puertos y transportes.
El bloqueo de refinerías y depósitos de combustible obligó a recurrir a las reservas «desde hace dos días», indicó la Unión Francesa de Industrias Petroleras, un anuncio que podría alimentar la inquietud de la opinión pública y hacer aumentar la presión sobre el gobierno socialista.
Seis de las ocho refinerías francesas están paradas total o parcialmente por movimientos de huelga y varios depósitos de combustible están bloqueados por huelguistas y manifestantes que se oponen a un proyecto de nueva ley laboral.
Según el secretario de Estado de Transportes, Alain Vidalies, 20% de las 12.000 estaciones de servicio francesas tienen «dificultades» de aprovisionamiento.
El conflicto social, que afecta también los transportes y los puertos, podría propagarse además a la producción de electricidad dado que se hizo un llamado a la huelga para el jueves en las centrales nucleares.
El portavoz del gobierno, Stéphane Le Foll, descartó por ahora la idea de requisar a empleados de las refinerías en huelga, medida pedida por varios políticos de la oposición de derecha para evitar la penuria de gasolina.
«El Estado y el gobierno harán lo necesario para liberar un cierto número de refinerías o de reservas para asegurar el aprovisionamiento de los franceses», se limitó a afirmar Le Foll.
El miércoles de madrugada, la policía intervino para desbloquear un depósito de combustible del norte del país, cuyo acceso estaba cerrado por sindicalistas.
En Brest (noroeste), fueron también desalojados unos 60 manifestantes que bloqueaban otro depósito.
La víspera, la intervención de la policía contra huelguistas que bloqueaban una refinería y un depósito de combustible provocó la ira de la CGT, principal central sindical de Francia y punta de lanza de la movilización, que replicó con un refuerzo de la movilización.
Dos de los principales puertos franceses, Marsella (sur) y Le Havre (norte) se disponían a unirse al movimiento social. En Le Havre, está ya en huelga el personal de las terminales petroleras, por donde transitan 40% de las importaciones francesas de crudo.
«Al cabo de cinco o seis días, no habrá más combustible en los aeropuertos parisinos», advirtió el alcalde de la ciudad, Edouard Philippe.
El tráfico ferroviario estaba perturbado también el miércoles.
¿Hacia una movilización más fuerte?
«Mientras el gobierno se niegue a discutir, hay riesgos de que la manifestación se amplíe», advirtió el miércoles el dirigente de la CGT, Philippe Martinez. Una amenaza tanto más preocupante para el gobierno cuanto la Eurocopa se inicia en Francia dentro de poco más de dos semanas.
Según un sondeo publicado el miércoles, 61% de los franceses consideran que el gobierno sería responsable si la Eurocopa fuese perturbada por los movimientos sociales.
Por su parte, la prensa francesa estimaba que la CGT asume grandes riesgos con su posición de enfrentamiento total. «Juegan con fuego porque en este contexto muy tenso, el empantanamiento de un movimiento social puede desembocar en las peores violencias», escribió el diario regional Sud-Ouest.
El gobierno, por su parte, sostiene que el bloqueo es la obra de una «minoría» que «toma como rehén» al país, y no tiene la intención de retirar el proyecto.
El primer ministro Manuel Valls reiteró el miércoles ante los diputados franceses que «no se retirará el texto» ni se modificará su artículo 2, el que da la primacía a los acuerdos de empresa, una de las medidas más criticadas de la ley.
«La CGT no hace la ley en el país», dijo Valls, repitiendo que el gobierno no descarta «ninguna opción» para impedir el bloqueo de las instalaciones energéticas.
El proyecto de nueva ley laboral, contra la cual se realizan manifestaciones y huelgas desde más de dos meses, fue aprobado en primera lectura sin votación de los diputados, dado que el gobierno invocó un artículo de la Constitución que permite adoptar un texto sin debate ni voto
parlamentario salvo que haya una moción de censura al gobierno.
Según el gobierno, el proyecto apunta a dar mayor flexibilidad a las empresas para luchar contra el desempleo. El texto da mayores poderes a las empresas en materia de organización del tiempo de trabajo y de despidos.
Sus detractores consideran que aumentará la precariedad laboral y que la primacía dada a la negociación por empresas sobre las negociaciones por ramas profesionales significará que la ley no será la misma para todos los asalariados.
