Ciudad de Guatemala/Prensa Latina
El Gobierno de Guatemala entregó al Ministerio Público (MP) desde enero último hasta hoy 103 denuncias por supuesta corrupción, según la plataforma pública lanzada el pasado mes de mayo.
Del total, 92 están en investigación, tres fueron desestimadas, cuatro permanecen archivadas, dos conectadas con otros casos, y dos pendientes de que el ente encargado les asigne número de expediente, precisó el oficial Diario de CentroAmérica.
El mecanismo puesto en marcha por la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) detalló que 32 denuncias guardan relación con el Ministerio de Comunicaciones.
Un total de 23 se vinculan a la salud, 11 a Desarrollo Social, ocho a Gobernación, cinco a viviendas y tres a ambiente.
El titular de la CNC, Santiago Palomo, consideró fundamental que el MP asuma esas denuncias con la debida diligencia para dar con los responsables de los hechos.
Calificó de clave la herramienta promovida por ese organismo adscrito a la presidencia para transparentar la gestión del Gobierno en el combate al saqueo del dinero público.
Entre los casos más relevantes destacan las irregularidades en la construcción de las Escuelas Bicentenario y la intervención ilegal en concesión de demolición de garitas de peaje de la autopista Palín, Escuintla.
Además, la adquisición de gradas y ascensores del aeropuerto internacional La Aurora y el manejo de manera inapropiada de fondos millonarios para la compra de cocinas por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Asimismo, identificaron una red de funcionarios que solicitaba dinero a cambio de agilizar el trámite de visas de trabajo, falsedad en licencias ambientales y, por otra parte, las anomalías en la obtención de vacunas contra la Covid-19 Sputnik V.
A pesar de estos esfuerzos, según analistas locales, la fiscal general Consuelo Porras, a quien organizaciones sociales y las propias autoridades del país exigen la renuncia, protege a empresarios, políticos y demás señalados.
El presidente de Guatemala, junto a la vicemandataria Karin Herrera, asumieron el pasado 14 de enero hasta 2028 enfocados en la lucha contra la corrupción y con la promesa de una nueva primavera.