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Por Carola Solé
México/AFP
La conflictiva región mexicana de Tamaulipas (noreste), sick cheap en la frontera con Estados Unidos, ask rx ha sufrido un recrudecimiento de la violencia del narcotráfico con casi 80 muertos en el último mes que ha llevado al gobierno a reforzar su operativo militar de seguridad.
El asesinato el lunes en una emboscada del jefe regional de investigaciones policiales fue el último episodio de la lucha contra los cárteles, sickness a la que se atribuyen 77 muertes desde el pasado 5 de abril, según cifras del gobierno de Tamaulipas.
Este mismo miércoles, las autoridades anunciaron el arresto de diez agentes de la policía estatal por presuntos vínculos con el crimen organizado, y que -según la prensa local- podrían haber participado del homicidio del jefe policial.
Con balaceras a plena luz del día y persecuciones por concurridas zonas urbanas, Tamaulipas se ha convertido en un nuevo reto de seguridad para el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que viene reportando una reducción de la violencia en el país y se ha enfocado en controlar el conflicto de Michoacán (oeste), donde civiles hastiados de los crímenes del narcotráfico se han alzado en armas.
El gobierno de Tamaulipas -donde en marzo se registraron 39 asesinatos- atribuye esta nueva ola de violencia al nombramiento de un general, Arturo Gutiérrez, al frente de la seguridad pública y a la reciente detención de jefes locales del cártel del Golfo, además de las continuas pugnas que esta organización sostiene desde hace más de tres años con sus antiguos aliados Los Zetas.
Al asumir el cargo en marzo, «el general empieza a apretar y lógicamente empiezan a darse situaciones de enfrentamientos porque las investigaciones empiezan a dar resultados», argumentó este miércoles el vocero del gobierno de Tamaulipas, Guillermo Martínez, a la emisora Radio Fórmula.
El cártel del Golfo ha operado históricamente en el este y noreste de México, aunque en los últimos años su poder disminuyó con la detención de sus principales líderes y las sanguinarias confrontaciones con Los Zetas -un grupo fundado por militares de élite desertores- que han sembrado el terror, especialmente en las ciudades de la frontera como Reynosa (600.000 habitantes) y Nuevo Laredo (385.000).
El suceso más sangriento, que acabó con 28 muertos, se produjo por un ajuste de cuentas entre grupos criminales en el puerto de Tampico y Ciudad Madero -ambas en la costa del Golfo de México- en tiroteos que se prolongaron del 5 al 8 de abril.
Al menos tres personas que no estaban involucradas en los enfrentamientos murieron por impactos de bala en el último mes en la región.
Nuevo plan en manos militares
Ante el incremento de la violencia, el vocero Martínez anunció que 200 elementos de la Marina Armada y la Policía Federal fueron enviados a Tamaulipas, una región que comparte 370 km de frontera con Estados Unidos y es el mayor punto de circulación del comercio internacional mexicano (30%).
Además de Gutiérrez, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú (del oficialista PRI), ya encargó a otro general la seguridad en la zona de Tampico y estudia más nombramientos de militares.
«Se está analizando la posibilidad de nombrar a 8 o 10 coordinadores más, para que el estado quede bien dividido en zonas y haya más control (…) No se trata de militarizar la seguridad pero sí se está buscando a la gente con más experiencia», dijo a la AFP una fuente del gobierno regional, que pidió el anonimato.
Torre Cantú, que asumió el gobierno del estado en 2010 después de que su hermano y candidato del PRI fuera asesinado durante la campaña, se opone a que el gobierno de Peña Nieto envíe a Tamaulipas a un comisionado especial con amplios poderes como hizo para intentar pacificar Michoacán.
Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincide en que la violencia desatada en Tamaulipas es resultado de la «ofensiva enérgica contra los grandes cárteles», que ha emprendido Peña Nieto -en la que se logró la captura de Joaquín «El Chapo» Guzmán y otros líderes de cárteles- y en la que es necesario el nombramiento de militares en puestos de seguridad pública.
«Es la única opción que el gobierno tiene a disposición. En Tamaulipas no sirve un gestor político como en Michoacán, donde hay un gobierno estatal inoperativo y un pueblo armado», dijo a la AFP el analista.
El expresidente Felipe Calderón desplegó desde 2006 a decenas de miles de militares para combatir a los cárteles en buena parte de México. Más de 80.000 personas han muerto desde entonces en el marco de esa ofensiva, que Peña Nieto mantuvo al asumir el poder y que, según organizaciones civiles, también ha incrementado las violaciones a los derechos humanos en el país.
