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Lima/Prensa Latina
El Gobierno de Perú amplió el domingo la duración y extensión del estado de emergencia, al imponerlo en siete regiones del país, en medio de denuncias de excesos en la represión de una masiva marcha opositora.
La medida regirá por 60 días en las regiones sureñas de Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Moquegua y Madre de Dios e implica la suspensión de garantaís constitucionales, al permitir detenciones y allanamientos a discreción, entre otras acciones policiales.
El estado de emergencia invoca la crisis social y política que vive el país y estaba vigente desde enero pasado en Lima, Arequipa, Puno y Cusco y solo en algunas provincias de Madre de Dios, Apurímac, Moquegua y Tacna
La norma encarga a las Fuerzas Armadas, incorporando a la Policía, el control del orden en la región surandina de Puno, principal bastión de las protestas, para lo cual fueron enviadas tropas de refuerzo y carros blindados.
En ese territorio se han registrado la mayoría de la 47 muertes de civiles desde el inicio, el 8 de diciembre, del movimiento que exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y una asamblea constituyente.
Allí rige también el toque de queda (oficialmente llamado inmovilización social obligatoria) desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la madrugada.
De otro lado, Lima se convirtió el domingo en el foco de la protesta, con la que muchos consideran la marcha más masiva desde el inicio de las protestas, en la que participaron colectivos y vecinos de los barrios populares del sur, norte y este de la ciudad, así como del municipio de San Juan de Lurigancho, el más poblado de la ciudad.
La marcha fue pacífica y hasta festiva, hasta que, según la Policía, elementos violentos lanzaron piedras a los uniformados, aunque los manifestantes aseguran que, de un momento a otro, se desató un inmotivado ataque policial con gases lacrimógenos y golpizas contra la masa.
