Lima/Prensa Latina
El Gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, se mantiene bajo el asedio de protestas sociales, reclamos y augurios que presionan por su renuncia, a lo cual se sumó esta semana la de un ministro.
En ese contexto, cerca de un centenar de puntos de bloqueos de carreteras aislan regiones sureñas como Puno, Cusco, Cajamarca y Arequipa (su capital del mismo nombres es la segunda ciudad de Perú), mientras, en una tregua tácita de fin de semana, las huelgas y marchas redujeron su intensidad para el abastecimiento de alimentos.
Las protestas no ceden al mensaje televisado, anoche, de la presidenta, quien pidió perdón por las más de 40 muertes durante las protestas, pero también señaló que no puede dejar de mantener el orden, referencia a las operaciones policiales, y reconoció que no encuentra canales para un diálogo de distensión.
La mandataria exhortó también a la población a no dejarse llevar por quienes señaló como azuzadores extremistas y elementos vinculados al gobierno del exgobernante destituido y preso, Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta y a quien reemplazó el 7 de diciembre último, lo cual desató las manifestaciones de rechazo.
El principal reclamo en juego es la renuncia de Boluarte, que gana respaldo y plantean incluso las organizaciones de derechos humanos, lo que llevó al semanario Hildebrandt en sus 13 a afirmar que el gobierno tiene los días contados, por la alta mortandad, la vastedad de las protestas y la ausencia de otras salidas.
El hasta ayer ministro de Trabajo, Eduardo García, renunció ante la reciente oleada de muertes, y planteó que el Gobierno debe disculparse, además de sumarse a la demanda de prontas elecciones generales adelantadas.
Quienes adversan a las protestas invocan sobre todo posiciones anticomunistas, mientras sectores medios y empresarios promueven las denominadas marchas por la paz en diversas regiones y han sido denunciadas por sus posiciones de derecha extrema y, en el caso de la ciudad de Cusco, de actitudes racistas.
Mientras tanto, ocho dirigentes del Frente de Defensa de la región surandina de Ayacucho, uno de los bastiones del movimiento opositor, a los que la policía antiterrorista acusa de pertenecer a lo que queda del grupo armado Sendero Luminoso.
El conocido oficial antiterrorista Óscar Arriola sostuvo que, como la presidente del frente cumplio condena por terrorismo, esa es la prueba de que esa agrupación está infiltrada en las protestas, lo cual lleva mediáticamente a “terruquear” (acusación de terrorista con fines de descalificación) a la protesta.
En ese marco, el conocido jurista Carlos Rivera acusó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de desarmar el subsistema de fiscales de casos de derechos humanos, al reasignar a seis fiscales dedicados a este tema, al de casos de terrorismo.
El activista de derechos humanos Miguel Jugo señaló que esos cambios están en función de aprestos represivos, como el incremento de las detenciones de manifestantes, pero “pese a eso, las protestas van a continuar”.
Jugo añadió que la estrategia del primer ministro Otárola es presentar la crisis “como una insurrección terrorista y así criminalizar y someter la protesta mediante balas, encarcelamiento y asustar a la población”, lo que estimó tampoco dará resultado.