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Lima/Sputnik L a presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó el martes que su Gobierno está evaluando declarar el estado de emergencia nacional a causa de las protestas sociales que han dejado al menos siete muertos. “Este gabinete de gestión de crisis ha acordado convocar en horas de la tarde al Comando Conjunto y Estado Mayor a Palacio de Gobierno (sede del Ejecutivo). También hemos acordado que se evaluará la instalación de Estado de emergencia a nivel nacional. Espero que no podamos llegar a estos extremos”, dijo Boluarte en rueda de prensa desde Lima. El gabinete de gestión de crisis es un grupo de trabajo establecido el martes y conformado por el primer ministro, Miguel Angulo; los titulares de las carteras del Interior, Defensa y Transportes y Comunicaciones; así como el titular del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tiene como misión tomar medidas respecto a las protestas que se vienen dando dentro de la crisis política y social por la que atraviesa el país. El domingo, el Gobierno declaró el estado de emergencia para los departamentos de Apurímac, Arequipa e Ica, todos ubicados en la zona sur, y donde se registraron las primeras protestas violentas. En Perú, el estado de emergencia es una medida que implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales. Asimismo, implica que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, aunque con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El miércoles 7 de diciembre, el entonces presidente Castillo intentó disolver el Congreso argumentando que “el Legislativo ha realizado más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial”, y el establecimiento de un “Gobierno de excepción”, y establecer un “gobierno de excepción”. Luego del intento fallido de Castillo, el Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente para ejercer el cargo, en una sesión que ya estaba prevista días antes. Posteriormente, y por sucesión constitucional, el parlamento nombró como nueva jefa de Estado a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte. Desde el sábado, diversas manifestaciones ciudadanas, en la que participan organizaciones civiles de toda índole, se han sucedido en diversos departamentos del país. Los ciudadanos exigen el cierre del parlamento, la salida de la presidenta Dina Boluarte y el inmediato adelanto de comicios generales para que se elija a un nuevo jefe de Estado y a un nuevo Congreso. También hay manifestantes, pero en menor medida, que piden la liberación del expresidente Pedro Castillo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Gobierno de Perú evalúa declarar estado de emergencia nacional por protestas sociales

Lima/Sputnik

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó el martes que su Gobierno está evaluando declarar el estado de emergencia nacional a causa de las protestas sociales que han dejado al menos siete muertos.

“Este gabinete de gestión de crisis ha acordado convocar en horas de la tarde al Comando Conjunto y Estado Mayor a Palacio de Gobierno (sede del Ejecutivo).

También hemos acordado que se evaluará la instalación de Estado de emergencia a nivel nacional. Espero que no podamos llegar a estos extremos”, dijo Boluarte en rueda de prensa desde Lima.

El gabinete de gestión de crisis es un grupo de trabajo establecido el martes y conformado por el primer ministro, Miguel Angulo; los titulares de las carteras del Interior, Defensa y Transportes y Comunicaciones; así como el titular del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Tiene como misión tomar medidas respecto a las protestas que se vienen dando dentro de la crisis política y social por la que atraviesa el país.
El domingo, el Gobierno declaró el estado de emergencia para los departamentos de Apurímac, Arequipa e Ica, todos ubicados en la zona sur, y donde se registraron las primeras protestas violentas.

En Perú, el estado de emergencia es una medida que implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

Asimismo, implica que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, aunque con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El miércoles 7 de diciembre, el entonces presidente Castillo intentó disolver el Congreso argumentando que “el Legislativo ha realizado más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial”, y el establecimiento de un “Gobierno de excepción”, y establecer un “gobierno de excepción”.

Luego del intento fallido de Castillo, el Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente para ejercer el cargo, en una sesión que ya estaba prevista días antes.

Posteriormente, y por sucesión constitucional, el parlamento nombró como nueva jefa de Estado a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.
Desde el sábado, diversas manifestaciones ciudadanas, en la que participan organizaciones civiles de toda índole, se han sucedido en diversos departamentos del país.
Los ciudadanos exigen el cierre del parlamento, la salida de la presidenta Dina Boluarte y el inmediato adelanto de comicios generales para que se elija a un nuevo jefe de Estado y a un nuevo Congreso.
También hay manifestantes, pero en menor medida, que piden la liberación del expresidente Pedro Castillo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

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