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Por Lissy de Abreu
Bogotá/AFP
El gobierno colombiano asumió el jueves la alcaldía de Bogotá tras la destitución del ex guerrillero Gustavo Petro, rx for sale mientras las FARC advirtieron desde Cuba que la remoción del alcalde «afecta de manera grave la confianza» en el proceso de paz en el que están comprometidos.
Después de que el presidente, Juan Manuel Santos, destituyera el miércoles a Petro, ejecutando una sanción dictada en diciembre por un organismo administrativo y tras rechazar medidas cautelares dictadas en favor del alcalde por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comenzó la transmisión del mando en la ciudad.
El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, asumió este jueves como alcalde interino en un breve acto protocolar, tras ser designado por Santos, mientras se espera un llamado anticipado a elecciones para elegir al sucesor de Petro.
El jueves la rutina de Bogotá parecía inalterada tras la salida del alcalde y en el centro de la ciudad, donde el miércoles Petro dio un enérgico discurso ante unos 1.500 manifestantes en el que llamó a una «huelga general» en rechazo a su destitución, sólo una veintena de sus seguidores lanzaban arengas contra el gobierno por un megáfono.
«Lo que ha hecho el presidente es desconocer la esencia natural de la democracia», aseguraban los manifestantes, mientras decenas de personas se desplazaban con normalidad por la céntrica y concurrida plaza de Bolívar sin prestarles atención o incluso manifestando su apoyo a la destitución.
Entretanto, desde La Habana la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -implicada desde noviembre de 2012 en una negociación con el gobierno para terminar con un conflicto de cinco décadas- deploró la remoción de Petro.
Su destitución «nos plantea además muchas dudas e interrogantes en torno a la eficacia de lo acordado parcialmente en torno al tema de participación política» de los rebeldes que dejen las armas, dijo el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez.
Figura de la izquierda, Petro acusó a Santos de dar «un golpe de Estado» a la ciudad y de mostrar con ello «su incapacidad para la paz», en alusión al proceso con el que se busca la desmovilización de miles de guerrilleros y su eventual incorporación a la política.
El presidente busca la reelección en los comicios del 25 de mayo, con el ofrecimiento de concretar el acuerdo con las FARC, principal guerrilla del país con más de 7.000 combatientes.
Con siete millones de habitantes, Bogotá afrontó en los últimos tres años un inédito período de inestabilidad política por la destitución de dos alcaldes de izquierda, Petro y su antecesor Samuel Moreno, envuelto en un escándalo de corrupción.
Simultáneamente, aumentaron los reclamos de la población por la inseguridad y los graves problemas de movilidad.
Elegido para un mandato que debía concluir a fines de 2015, Petro, un economista de 53 años, fue destituido en diciembre por la Procuraduría -responsable de sancionar a los funcionarios públicos- pero se había mantenido en el cargo cobijado en medidas de amparo emitidas por tribunales locales, que fueron derogadas este martes por el Consejo de Estado.
Elecciones anticipadas
El gabinete de Petro anunció que se mantendrá en sus funciones hasta el 1 de abril y colaborará con el gobierno central en la transición.
Según la legislación local, tras la destitución de Petro el movimiento político con el que el alcalde ganó las elecciones en 2011 -Progresistas, ya disuelto- tendría que entregar a Santos una terna de nombres para que el presidente elija un alcalde.
Sin embargo, como «el alcalde de Bogotá no tiene partido político (…) no se va a presentar ninguna terna para sucederlo mientras se convocan unas elecciones atípicas», señaló Jorge Rojas, portavoz del gabinete saliente.
De no presentarse una terna, Santos dejaría a Pardo en el cargo hasta que se convoquen elecciones, posiblemente en junio, según el ministro del Interior, Aurelio Iragorri.
Hasta ahora las autoridades electorales no han aclarado si esos comicios serán para elegir un alcalde que complete el periodo de Petro -hasta el 31 de diciembre de 2015- o cumpla un mandato de cuatro años.
La Procuraduría ordenó en diciembre la destitución e inhabilitación política de Petro por 15 años, tras acusarlo de irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basuras de la ciudad, que pasó de ser una concesión en manos de privados a estar administrado por la empresa pública de aguas.
El anuncio de esa sanción produjo masivas manifestaciones durante diciembre y enero en favor de Petro, quien en paralelo enfrentaba un referendo revocatorio que había sido convocado por iniciativa ciudadana, que estaba previsto para el 6 de abril y que ya fue suspendido.
El miércoles, Petro llamó a una huelga general con el objetivo de presionar por una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, en un mensaje de corte proselitista contra Santos.
