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Caracas/AFP
El presidente de Venezuela, prescription Nicolás Maduro, ed ordenó militarizar una apartada región de explotación de oro cercana a la frontera con Brasil, donde desaparecieron 28 mineros tras un supuesto ataque armado, mientras que la oposición pidió ayuda internacional para esclarecer el caso.
Maduro anunció la creación de una «zona militar especial, de protección a todos los municipios mineros» del sureño estado Bolívar, donde está ubicado Tumeremo, localidad en la que desaparecieron los trabajadores.
En un acto oficial, el mandatario agregó que las informaciones preliminares apuntaban a una «posible matanza en una guerra de bandas» y que «todo parece indicar que se trata de un grupo paramilitar».
Por su parte, el diputado opositor Américo De Grazia, representante del estado Bolívar, solicitó apoyo internacional, en particular de Human Rights Watch, y señaló que de los 28 desaparecidos el pasado viernes, 17 están identificados y varios son familiares entre sí.
«Queremos que todos los organismos nacionales e internacionales que estén interesados en este tema puedan tomar parte y ayudarnos a develar la verdad», señaló De Grazia durante una sesión legislativa que debatió la desaparición de los obreros.
El legislador denunció que la zona donde ocurrieron los hechos es sacudida de tiempo atrás por acciones violentas, sin que las autoridades hayan actuado.
Mientras tanto, unos 1.000 militares continuaban la búsqueda de los trabajadores en un área escarpada de difícil acceso, precisó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en la televisión gubernamental.
Según versiones de familiares y testigos, citados por autoridades locales, un grupo armado incursionó el viernes en una mina de oro que era operada desde hacía poco por obreros artesanales y, tras identificar a 28, los habría ejecutado.
Los mineros pudieron haber sido «descuartizados y embarcados en un camión», aseguró Carlos Chancellor, alcalde opositor del municipio de Sifontes, al que pertenece Tumeremo, un territorio abandonado, donde operan minas ilegales.
Parientes de los trabajadores mantenían bloqueada por cuarto día una ruta que comunica a Venezuela con Brasil para exigir el esclarecimiento del caso, confirmó el defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien visitó la zona.
«Hemos recabado indicios que pudieran hacer presumir la comisión de hechos punibles», declaró el defensor, quien se reunió con familiares de los desaparecidos y reveló que las autoridades tienen identificadas algunas personas que estarían implicadas en el hecho.
Mafias del oro
El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel, sostuvo que la desaparición pudo ser resultado de un enfrentamiento entre bandas rivales, que según Chancellor se disputan el control de yacimientos de oro explotados ilegalmente.
El defensor, sin embargo, se abstuvo de plantear hipótesis para «no contaminar las investigaciones», y pidió poner fin al corte de la vía pues, según dijo, afecta a unos 300.000 habitantes de Bolívar.
Por su parte, el fiscal Israel Pérez, uno de los encargados de las pesquisas, confirmó que el organismo pidió protección para dos familiares de uno de los mineros desaparecidos, ante posibles represalias.
Pérez no descartó gestionar el traslado de los parientes a otras regiones para garantizar su seguridad.
El caso se trasladó al Parlamento, donde tuvo lugar un acalorado debate entre el oficialismo de izquierda y la mayoría opositora, luego de lo cual se conformó una comisión legislativa que investigará los hechos.
De Grazia denunció que antes de la llegada del chavismo al poder, en Bolívar no se presentaban secuestros, pero a partir de 2006 «las masacres se institucionalizaron» ante la pasividad del Estado.
En una respuesta airada, el jefe del bloque oficialista, Héctor Rodríguez, acusó a De Grazia de estar ligado a las «mafias del oro».
El diputado opositor Luis Silva aseguró que aunque se conoce el paradero de los «cadáveres», los militares no han acudido porque «le temen a esas bandas».
«Si alguna zona está altamente militarizada en Venezuela son las minas de Bolívar. Hay complicidad de autoridades militares, policiales. Lo niegan las autoridades porque no quieren que se sepa», sostuvo.
Su colega chavista Gilberto Pinto replicó que la oposición trata de utilizar el caso para frenar la intención del gobierno de concesionar la explotación de oro a compañías transnacionales.
