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“La canasta básica urbana tiene una inflación del 19%, y la rural del 21% en términos inflacionarios”
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
“Invito al gobierno a que establezca medidas de protección económica ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, porque van a generar impacto a los consumidores”, exhortó Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).
Dentro de esas medidas de protección económica propone incrementar el poder adquisitivo de la población, evitar cualquier carácter especulativo, para lo cual, la Ley de Protección al consumidor tiene la figura que permite evitar alzas injustificadas.
Pérez recalcó que la agroindustria alimentaria, por compras de maquinarias y procesos de transformación productiva, tendrá incrementos, al igual que las importaciones de la región, porque El Salvador es interdependiente.
“Somos en gran medida dependientes de la importación de Guatemala, Honduras, Nicaragua, si van a haber impactos hay que tomar medidas frente al tema de carácter especulativo; hay que pedir el incremento al salario mínimo, es justo y necesario”, agregó.
El CDC ha propuesto que el incremento al salario mínimo sea subsidiado por el gobierno, porque la idea no es cargar y afectar a la micro y pequeña, ni al sector agropecuario nacional que está golpeado, dentro de ese aumento al salario hay varias formas de poder subsidiarlo, inclusive una de las propuestas ha sido que se grave la riqueza, el patrimonio de los que más tienen en este país.
Según Pérez, si los demás países de la región centroamericana incrementan regularmente el salario mínimo por qué el Salvador no lo podrá hacer, es el último país de toda la región centroamericana en incrementar el salario mínimo que lo hace cada tres años, el resto lo revisa cada uno o dos años.
“Cómo es posible que todos los demás países de la región, en su mayoría lo hacen cada dos años, y aquí cada tres años. En realidad debería ser como lo hace Costa Rica o Nicaragua, cuando ven que la situación económica se va empeorando, analizan para ver cómo mejorar el poder adquisitivo”, expresó.
La pobreza se está concentrando en la zona rural. En agosto de 2024 debía revisarse el salario mínimo, pero no se dijo nada al respecto. El salario mínimo debe ser de un incremento del 25%, es decir, pasar de $365 a $456 y para el agropecuario de $244 a $304.32.
Una encuesta de la UCA muestra que el 75.8% de la población está preocupada por la economía nacional, lo cual ha venido creciendo en los últimos años; al analizar la economía de El Salvador a partir de ingresos, la inflación ha bajado al medirlo en 235 bienes y servicios, como lo calcula el Banco Central de Reserva (BCR).
“La Canasta Básica Urbana en febrero de 2021 tenía un costo de $200.41 y para febrero de 2025 era de $247.60; la Canasta Básica Rural costaba en el mismo periodo $143.67 y ahora cuesta $181.05, esto es una inflación interacumulada de varios años, pero no podemos analizar la inflación comparando el precio actual con el mes anterior”, criticó.
Manifestó que el dinero no alcanza para los alimentos, por eso hay inseguridad alimentaria y nutricional fuerte en el país, en el último informe de inseguridad alimentaria mundial, El Salvador aparece con más de 3 millones de personas en “inseguridad alimentaria leve”, es decir, que han dejado de comer un tiempo de comida o disminuyó el consumo de sus alimentos.
Acceso a vivienda
Señaló que en El Salvador se debe fortalecer los ingresos de la población trabajadora para acceder a los costos de una vivienda digna.
A la vez, explicó que de acuerdo a la Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples, más del 50% de la población no es propietaria de vivienda, otro gran porcentaje alquila y algunos viven en condición de hacinamiento con la misma familia, donde 4 o 5 personas duermen en un cuarto, que tampoco son los propietarios.
“Ahora vemos alquileres que sorprenden, en algunas zonas pasan los 2000 y pico de dólares, donde el salario promedio nacional está debajo de los 500 dólares, esa población nunca va a acceder a viviendas de 2000 y pico de dólares, pero va a caer en una categoría de hacinamiento”, enfatizó.
La mayoría de los trabajadores tampoco tiene los recursos para poder acceder a los actuales créditos del Fondo Social para la Vivienda (FSV), por ello, se debe trabajar en función de darle acceso a la población salvadoreña a una vivienda digna, es decir, no vivir en condiciones de hacinamiento, contar con los servicios públicos adecuados, agua, electricidad, recolección de la basura.
Asimismo, consideró que en esta gestión de gobierno, ni el FMLN y ARENA, han tenido una política que le permita a la población tener una vivienda digna y la capacidad ante los salarios e ingresos que hay como para hacerle frente, más bien, existe una política de inversión para que quien tiene los medios y recursos, puedan adquirir ese tipo de vivienda.
“Sorprende, escuchar que una vivienda esté costando medio millón de dólares, con las tasas de interés, esa propiedad la saca al crédito, va a terminar de pagarla, de acuerdo a un plan de crédito, le va a venir costando aproximadamente un millón de dólares; no es la mayoría de la población que tenga capacidad para comprarla”, destacó Pérez.
Agregó que no hay políticas públicas de viviendas destinadas para las familias salvadoreñas, sino se ha armado una burbuja de carácter especulativo y ahora hay una gran cantidad de extranjeros viviendo en El Salvador, con la posibilidad de estar haciendo recursos.
Estos últimos años no hay registros de programas para que las personas de bajos recursos acceden a una vivienda digna, lo único el FSV ha tratado de ajustar las tasas de interés, para que una población determinada pueda obtener un crédito; pero arriba del 70% de la población tiene ingresos por debajo de $500, es decir, no le alcanza el dinero para cubrir sus necesidades de alimentos y pagos de servicio, y además, tener un crédito de vivienda.
“En el caso de Soyapango, las viviendas que anteriormente fueron ocupadas por los grupos de pandillas, ahora son casas arriba de 100 mil dólares, es positivo para el que tenía esa propiedad, pero es negativo en el sentido que la mayoría de la población no puede accesar ni a esas casas”, sostuvo en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
