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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Es importante que el Gobierno comprenda que la situación constante de crisis en el país o nos convierte en una población productiva de nuestros propios alimentos o terminamos siendo comunidades marginadas y excluidas”, dijo José Santos Guevara, director de ACUDESBAL en el Bajo Lempa y coordinador general del Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones (MOVIAC).
“El presidente Nayib Bukele y el Estado salvadoreño deben enfocar en cualquier crisis el respeto a los derechos humanos de toda la población”, dijo entrevista exclusiva a Diario Co Latino.
-¿Cuál es el análisis que hacen como ACUDESBAL y MOVIAC, sobre la situación alimentaria del país?
Hemos estado analizando la situación alimentaria del país y asociándola a diferentes temas como el cambio climático, que en consecuencia ha fortalecido los efectos negativos que se generan en el Corredor Seco Mesoamericano, en donde ha habido diferentes sequías e inundaciones, que han afectado la producción. El primero, por calores extremos y por la cantidad anormales de lluvia. Y en este sentido creemos que es una situación bastante problemática que se está generando. Por otro lado, tenemos las actuaciones del Gobierno, que casi son muy escasas al apoyo que se pueda brindar a los campesinos y campesinas, así como, los agricultores y agricultoras que tratan de sobrevivir en sus condiciones mínimas y creo que es importante mejorar las políticas del Gobierno para el agro.
-¿Qué pasa con la pandemia dentro de estos escenarios?
De hecho, con la pandemia del COVID-19, con las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal (entre mayo y junio) quedó al descubierto toda la fragilidad que tenemos en nuestra producción nacional. Se dio escasez de alimentos y hubo necesidad de acudir a otras acciones con aliados internacionales. Porque ya entraban en la responsabilidad que debería tomar el Gobierno, como la gestión de solidaridad con la cooperación internacional. Nosotros como ACUDESBAL gestionamos algunos fondos para brindar ayuda alimentaria a las familias de las comunidades con las que trabajamos, cuando tuvo que ser el Gobierno y esta situación se repitió en las diferentes zonas del país.
-¿Qué ayuda recibieron del Gobierno?
El Gobierno dio la ayuda puntual con los famosos 300 dólares, todos sabemos que eso no determina una seguridad alimentaria; en la zona rural se tienen muchas dificultades, se tiene escasez en la dieta de la familia y, por tanto, se considera que el apoyo debería ser más contundente. Podemos ver los supermercados llenos de comida, ¿y de qué sirve? si el salario ha disminuido, el desempleo se ha incrementado y se han perdido autoempleos, entonces el poder adquisitivo de las familias está debilitado y no podemos engañarnos.
-¿Cuál sería entonces el enfoque ante estas diversas crisis?
¿Qué nos queda? Bueno, convertirnos en una población productiva de nuestros propios alimentos o ser comunidades excluidas. Creo que la apuesta estratégica es que el Gobierno debe acompañar, que la familia campesina no dependa de un supermercado con productos importados, sino que dependan de su parcela y de sus cultivos. Nosotros como organización estamos trabajando para dinamizar y fortalecer la producción de alimentos, también estamos tratando de hacer incidencia política para que el Estado retome su responsabilidad. Y quiero retomar que trabajamos en una propuesta de “Ley de Fomento Apoyo y Financiamiento de la Agroecología”, que será presentada en la Asamblea Legislativa, porque debe existir un marco jurídico que responsabilice al Gobierno a acompañar a las comunidades apoyándolo con programas, financiamiento y así dinamizar la producción de alimentos. No estamos apostando a una producción a gran escala, como es el tema de los monocultivos como la caña de azúcar, pero queremos garantizar la alimentación de las comunidades y este planteamiento se encuentra en el contenido de la ley que presentaremos. Aquí debemos abordar el tema de Huertos Urbanos o Peri Urbanos.
-¿Cultivar en la ciudad?
Hay suficientes espacios en las ciudades, hay voluntad de familias de poder cultivar -quizás no todos-, pero demos la oportunidad de hacerlo y ahí es donde entra el Estado, participa con financiamiento, asesoría técnica, asistencia organizativa y promoción para motivar a la gente a producir sus propios alimentos. La estrategia que planteamos es que se utilicen todos aquellos sectores de diferentes lugares en ciudades y zona rural, para producir y generar alimentos, al garantizar que haya comida para la población y aún con las emergencias o con las pandemias que tengamos, la gente tendría garantizada su alimentación.
-¿Qué opinan del Gobierno, que ha cerrado programas sociales estratégicos?
Sí, sabemos que algunos proyectos sociales que están establecidos, dentro del Presupuesto General de la Nación, quedaron protegidos, pero hay otros que no y simplemente los han cancelado. Como el programa PATI que ayudaba a los jóvenes, el programa de Agricultura Familiar que era muy buscado por campesinos y campesinas, que se consideraba para ampliar la producción, que también les ha disminuido a estos paquetes agrícolas y el apoyo que da el Gobierno solo representa el 19 % de lo que una familia campesina necesita para producir una manzana de maíz, es un apoyo mínimo y no se va a garantizar la alimentación de la gente con esa visión muy corta.
-¿Cuál es la alternativa?
Sabemos que la agro industria, como los cañeros, no necesitan ayuda financiera, tampoco los cafetaleros que siempre han contado con la ayuda del Gobierno. Además, parece que el Gobierno apunta a otras cosas como el turismo, la gran industria, la exportación e importación y nos deja a los agricultores desprotegidos, esto es muy grave y debe atenderse. Porque es mentira que la gente en la zona rural podrá comprar los productos que traigan de afuera; por esto, sería bueno fortalecer la producción nacional, que el Gobierno atienda las necesidades de su pueblo y no solo grupos empresariales con suficientes recursos para sus proyectos productivos.
