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Gloria Orellana
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Adalberto Blanco, en representación de las 22 organizaciones y redes extendidas a nivel nacional, que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria, lanzó un llamado al Gobierno del presidente Nayib Bukele a tender puentes de “diálogo y concertación”, a fin de crear un “Acuerdo de País” que le permita a la población más vulnerable contar con la garantía de acceso a la alimentación y agua potable.
El 5to. Informe Mundial de Crisis Alimentarias 2021 estableció que 155 millones de personas en el mundo se encuentran en situación de crisis o emergencia alimentaria.
Y que Centroamérica y Haití , en el año 2020, más de 11.8 millones de personas estaban en situación de crisis o peor; con un aumento dramático que afectó su economía desde 2019, debido a las crisis alimentarias vinculadas a los fenómenos metereológicos extremos repetidos, argumentó Blanco.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria realizó el pronunciamiento en el marco del “Séptimo Festival Raíces 2021, Territorios en Resistencia con Democracia y Participación Ciudadana”, que se constituye en un encuentro entre la ciudad y el campo.
El Festival Raíces 2021 se desarrollará de manera territorial, a través de 6 mini festivales en los departamentos de La Libertad, Sonsonate, San Miguel, Cuscatlán y San Salvador, en las próximas tres semanas.
Esta iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la identidad cultural y alimentaria, y reiterar el apoyo a la Resistencia Indígena (12 de octubre); el Día Internacional de la Mujer Rural (15 de octubre) y el Día de la Acción Global por la Soberanía Alimentaria ( 16 d octubre).
En su intervención, Adalberto Blanco, comentó que 684 mil personas en el país se encuentran en “situación de crisis alimentaria o peor”, según la clasificación del 5to Informe, y de las cuales, 95 mil están en “emergencia”, entre noviembre 2020 a febrero 2021, y que a ido en aumento de precariedad. “El Programa Mundial de Alimentos (PMA) también ha documentado que en el período entre junio a agosto del presente año, 1.04 millones de personas se encuentran en condición de -Crisis o Peor- en los departamentos de Ahuachapán, La Unión y San Miguel, mientras los otros departamentos están clasificados en estrés”, detalló.
“Y que las mujeres, que constituyen el 43% de la mano de obra agrícola del mundo, aun enfrentan una profunda desigualdad en el acceso a la propiedad de la tierra y medios de vida; a una remuneración justa por su trabajo, a su participación en toma de decisiones y acceso a créditos”, dijo Blanco.
En cuanto a las políticas económicas y agrícolas de Gobierno, como Mesa por la Soberanía Alimentaria expresaron que a dos años de gobierno, solo ha venido a “perpetuar la crisis alimentaria y la destrucción de la biodiversidad”, que la atención la captan los sectores empresariales y agronegocios, que terminan expulsando a la población campesina y Pueblos Indígenas de sus territorios.
“Estas políticas fomentan directamente el acaparamiento de tierras y el control de semillas por un puñado de transnacionales que usan indiscriminadamente venenos que enferman y mantienen con hambre a 820 millones de personas en el mundo”, añadió blanco.
“En el país, la Corte de Cuentas de la República reportó 12 hallazgos en la compra de alimentos durante la pandemia (Covid19), productos sin registro sanitario. Y en compras dudosas con sobreprecios y menos producto recibido que el comprado. Y el reciente señalamiento al viceministro de Seguridad, que desvió 38,500 botellas de aceite y 42,909 sacos de alimentos y no hay investigación”, indicó Blanco.
Blanco también fue crítico ante el incremento de precios de los alimentos en los últimos meses, pues ha registrado una inflación del 2.6%, en junio pasado. Mientras que datos del Banco Central de Reserva (BCR), presentan una escalada en el costo de alimentos que inició en enero del presente año, y que superó sus niveles en los últimos nueve años, que han venido monitoreando costos. “La encuesta de la DIGESTYC reportó que la pobreza extrema se duplicó del 4.5% (2019) , al 8.6% (2020) que impacto sobre todo a la población en las zonas rurales, los que pasaron del 5.2% (2019) al 11.1%(2020), de la población”, manifestó Blanco.
Adela Bonilla, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, demandó del Gobierno del presidente Nayib Bukele, garantizar derechos fundamentales como el alimento y el agua, tras considerar la situación “sombría y de incertidumbre”.
“Actualmente, nuestro país no cuenta con una política pública ni ley que reconozca las alternativas para hacer frente al Cambio Climático con enfoque de derechos, y tampoco se han puesto en práctica los mecanismos internacionales de consulta previa, libre e informada que haga posible la participación de la población”, dijo Bonilla.
El Salvador lleva 13 años, esperando contar con una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, lleva 15 años esperando una Ley de Aguas y Saneamiento. y 9 años esperando la reforma constitucional que ya está ratificada reconociendo el derecho humano al agua y alimentación, sin que pase nada, por tanto, “exigimos atender estas demandas”, reafirmó Bonilla.
Bonilla, exhortó, además, a los titulares del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que tienen la responsabilidad de reconocer el derecho a la consulta previa e informada de la población comunitaria e indígena en sus territorios cuando otorgan permisos ambientales para megaproyectos que amenazan la estabilidad de los asentamientos humanos y la biodiversidad.
“Esperamos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) retomé también las propuestas de la Política de Impulso para la Agroecología y que implementen la Política Pública de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, que han sido presentadas por las organizaciones y articulaciones sociales, que tiene como fin priorizar la protección y compra de alimentos sensibles como maíz y frijol a las y los productores locales”, puntualizó Bonilla.
