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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Ovidio Mauricio González, coordinador general de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” lamentó el incremento a violaciones de derechos humanos individuales y colectivos de la población salvadoreña, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, al vulnerar la libertad de circulación, la integridad física, incluso atentados contra la vida de las personas por autoridades policiales y militares.
“Ser enviados a lugares denominados de contención, pero son realmente más de contagio, sin acceso a pruebas para comprobar que no tienen el coronavirus son violaciones graves y no se ha equilibrado este control con el que debe contar las medidas de emergencia”, opinó.
Sobre la gente que ha sido capturada por fuentes oficiales, González manifestó que muchas han sido por la necesidad de subsistencia y familias; sin embargo, se les ha sometido a permanecer en centros de confinamiento que se ha comprobado circula el virus (COVID-19), que atenta abiertamente a una violación al derecho a la salud.
“Los largos períodos de confinamiento también exceden los días, hemos visto últimamente que están llevando a la UMO para contener a la gente que está desesperada y demandan ir a sus hogares. Muchas acciones han sido incoherentes, como aplicar un supuesto ‘cerco sanitario’ en el Puerto de La Libertad, en donde una tanqueta y militares estaban en primer plano y no un equipo médico o enfermería para hacer test o pruebas a la población, hacerles conciencia sobre la necesidad de no salir de casa, pero no merecían ser amenazadas o golpeadas. Se debe guardar el equilibrio y no estar metiendo miedo porque ese tipo de medidas se utilizan en sistemas dictatoriales”, explicó.
En cuanto al trabajo de los órganos del Estado salvadoreño, Mauricio González fue enfático en señalar que el incumplimiento de las sentencias o resoluciones de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, son de estricto cumplimiento pero, en el contexto actual han sido “burladas” en franco desacato a la legalidad constitucional.
“La Sala de lo Constitucional ha sido ninguneada, las resoluciones no se han cumplido, muchos habeas corpus en donde se ordenó la salida de esa gente en los centros de contención para enviarlos a sus casas y terminar su confinamiento en esos lugares han sido incumplidas por el órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud. El caso de una mujer que dejó abandonado a su hijo en un mesón porque salió a buscar alimentos y fue llevada por policías al centro de contención y la Sala de lo Constitucional ordenó su salida, que fue ignorada y ahora, tal vez, no sea seguro que vuelva a su casa porque podría estar contaminada con el virus, una flagrante violación”, manifestó.
Sobre el incumplimiento a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, expresó que deberá investigarlas, certificarlas y notificarlas para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie los procesos penales adecuados contra los funcionarios que han intervenido en estos procesos.
A nivel internacional, el coordinador de Tutela consideró que el Estado salvadoreño, en especial el Ejecutivo, está “quedando mal” y que muchos organismos de derechos humanos y gobiernos de otros países están observando el debilitamiento de las bases de la democracia y cómo se vulnera el equilibrio que debe mantenerse en el respeto a los derechos humanos, tomando en cuenta su relevancia en el marco de la emergencia de salud por la pandemia del COVID-19.
“Nosotros esperamos que rectifiquen la conducta y logren garantizar un pleno Estado de Derecho. Y que el presidente (Nayib Bukele) deje esas declaraciones de no cumplimiento con las sentencias de la Sala de lo Constitucional o alegar cosas inexactas, a fin de mantener una imagen de popularidad y que es negativo cuando la mayoría de personas tiene un bajo conocimiento sobre derechos humanos, por lo que va a felicitar y aceptar este tipo de acciones ilegales, cuando no son las mejores”, puntualizó.
Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” lleva también un registro sobre denuncias de la población sumando a la fecha 581 casos, con un 65 % vinculados a los derechos a la salud, libertad personal y acceso a la información, de las cuales el 24 % de las denuncias han sido recibidas desde los centros de contención por cuarentena.
Con 147 denuncias por salud, 127 libertad personal, 100 por acceso a la información, 81 por trabajo y 56 por la integridad personal; así como, 38 denuncias por alimentación, 24 por escasez de agua y 8 por discriminación. Las denuncias son 63 % hombres y 31 % mujeres.
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