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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Por disposición constitucional establecida en el Artículo 168, el gobierno de la república debe informar al pueblo a través de la Asamblea Legislativa, lo relativo a la “Gestión Financiera del Estado” correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior; y debe hacerlo en el primer trimestre del año. El 15 de marzo el Ministro de Hacienda, el Viceministro de Ingresos y el Director de Contabilidad Gubernamental entregaron al pleno legislativo el informe correspondiente al ejercicio financiero del año 2016; este informe con detalles de cada gasto pasa a la Comisión de Hacienda y ésta está obligada a someterlo a examen de la Corte de Cuentas de la República para que rinda una valoración del mismo.
Llama la atención que siendo este informe un mandato constitucional riguroso, a la hora de ser presentado por el Ministro Carlos Cáceres, la mayoría de diputados y diputadas de Arena muestran indiferencia; más bien pareciera que no quieren escuchar ni dejar que otros escuchen. Son las cuentas de los ingresos y gastos del Estado, es la oportunidad de valorar la gestión; pero la claridad quizá para algunos se vuelve inconveniente porque prefieren descalificar y dar como valedera cualquier ocurrencia.
El informe destaca que durante 2016 los ingresos alcanzaron la cifra de $ 4,575,300,000.00, de los cuales $ 4,141,200,000.00 corresponden a ingresos corrientes; $ 22,900,000.00 a ingresos de capital; $ 235,500,000.00 a contribuciones especiales y $ 175,700,000.00 a desembolsos de préstamos externos.
Los gastos fueron $ 4,804,900,000.00; los gastos corrientes alcanzaron los $3,587,500,000.00. dentro de los cuales se registran $597,300,000.00 en calidad de intereses de la deuda pública, así como bienes y servicios y las remuneraciones. Además del pago de intereses de la deuda el abono a capital fue de $291,700,000.00; es decir que de todo el gasto del año 2016, $889,000,000.00 corresponden a pago de deuda, algo que los críticos de derecha prefieren ignorar pues debemos estar conscientes de que en ese gasto, los salvadoreños y salvadoreñas estamos pagando préstamos que se “desaparecieron” como los fondos para construir el Hospital de Maternidad y parte del Bulevar Monseñor Romero (antes Diego de Holguín) entre otros.
El informe destaca dentro del gasto de educación los $70,700,000.00 de paquetes escolares que además de ayudar a las familias de los estudiantes en su producción se generan más de 36,000 empleos de las pequeñas empresas. También se destaca la mejora de 78 establecimientos de salud con obras de infraestructura y equipamientos, la construcción de unidades comunitarias de salud familiar que beneficia a más de 290,000 usuarios.
La pensión básica que se otorga a los adultos mayores tuvo un costo de $9,200,000.00 y favoreció a 16,754 mujeres y a 13,477 hombres. El apoyo a familias comprendidas en los programas de comunidades solidarias urbanas; a comunidades solidarias rurales costaron el año pasado $8,600,000.00 y se desarrollaron en 115 municipios del país.
Se mejoraron viviendas en 18 asentamientos humanos con lo cual se beneficiaron 6,274 familias. El subsidio al gas propano benefició a 1,213,800 familias con un costo de $50,700,000.00.
El informe recoge la inversión y los impactos de todos y cada uno de los servicios brindados a la población en las áreas económica, social, de seguridad, justicia y en la conducción administrativa del Estado; destacándose claramente la orientación social de la gestión del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén. Los gastos de otros órganos de Estado como la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa forman parte del informe. Es una cuenta clara de la gestión financiera del Estado que da respuesta sobre cuanto rinde cada uno de los tributos y el uso que de ellos se hace en cumplimiento de las finalidades del Estado, de sus políticas y programas de servicio que han venido expandiéndose en los últimos años.
Rendir cuentas claras es parte de la política del gobierno, y sería justo que todas las instancias de Estado incluyendo los municipios gobernados por fuerzas políticas diversas rindan cuentas a la población; pues en el informe del Estado, el 8% de los ingresos tributarios netos es destinado a los municipios donde encontramos funcionarios que han convertido el FODES ($ 351,000,000.00 en 2016) en un recurso que usan discrecionalmente alejados de lo que la ley establece.
En algunos municipios; hay alcaldes que ganan un salario mayor al del Presidente de la República y difícilmente lo tendrían sin las transferencias del gobierno central, no reportan sus gastos en tiempo a la contabilidad gubernamental pero exigen las transferencias puntualmente.
Una rendición de cuentas merece mayor atención y seriedad; a ello están invitados quienes expresan dudas y más aún, los que simplemente cuestionan como manera fácil de “hacer política” y oponerse a todo.
