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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Trabajadoras y trabajadores de Ciudad Mujer y de la División de Asistencia Alimentaria fueron convocados ayer a las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), para tratar asuntos referentes a su situación laboral. Cerca de un centenar de trabajadores afirmaron que el actual gobierno pretende removerles de sus puestos de trabajo.
Un grupo de trabajadoras de Ciudad Mujer afirmó que personal de las seis sedes de la institución fue convocado el mes pasado para pedirles que firmaran su renuncia; además, denunciaron que personal de las secretarías disueltas por la Presidencia de la República está siendo reasignado en Ciudad Mujer, para ocupar sus plazas.
Las trabajadoras detallaron que solo han sido contactadas vía telefónica para que conozcan la disposición del gobierno; sin embargo, se les ha sido negada una notificación por escrito, que les permitiría interponer los recursos y amparos correspondientes ante las instancias de lo laboral y judiciales.
“Exigimos que se nos diga el por qué de esta decisión, nosotras en ningún momento hemos dejado de laborar; la gente que quitaron de la SIS (Secretaría de Inclusión Social) está quedando con trabajo y nosotras vamos para afuera, pedimos que se nos haga saber de nuestra situación legalmente”, comentó Leyli Martínez, trabajadora de Ciudad Mujer.
Carlos García quien labora en la División de Asistencia Alimentaria dijo, que desde hace semanas se rumora en las instituciones acerca de un despido masivo y, sin embargo, no hay un aviso oficial; además, añadió que la intención del gobierno central sería cambiar de estatus laboral a los afectados, trasladándolos de Ley de Salarios a Contrato Eventual. “Nos han llamado para darnos cualquiera de las dos opciones, pero ya no nos quieren en la institución; renuncia voluntaria o indemnización por despido, es injusto”, expresó una trabajadora al conocer ayer la propuesta de representantes de Casa Presidencial.
El sector laboral reveló también que se están cometiendo arbitrariedades, en cuanto al pago de indemnizaciones; trabajadores de la División de Asistencia Alimentaria denunciaron que los personeros de CAPRES estaban ofreciendo un monto máximo que no se apega a lo estipulado en el Código de Trabajo.
De acuerdo a lo detallado por los trabajadores, el gobierno estaría indemnizando hasta doce años de trabajo como máximo, aunque algunos argumentaron tener más de 35 años laborando en instituciones estatales, por lo que consideran injusta la cifra. Sobre el monto otorgado por retiro voluntario, los trabajadores dijeron que serían $250 por cada año laborado.
Los trabajadores exigieron al gobierno que se apegue a las leyes, y dijeron que denunciarán los despidos ante instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo.
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