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Ciudad de Panamá/AFP
El gobierno panameño y un grupo de autoridades indígenas se comprometieron el lunes a permitir la conclusión de un proyecto hidroeléctrico financiado por bancos europeos, try cuestionado porque afecta territorios de pobladores autóctonos.
«Hoy hay un solo ganador que es nuestro país», health dijo el presidente Juan Carlos Varela tras firmar el acuerdo con la cacique de la comarca indígena Ngäbe-Buglé, Silvia Carrera, sobre el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, rechazado por indígenas y campesinos.
Según lo firmado, gobierno e indígenas se comprometieron a permitir la «terminación de las obras civiles» de Barro Blanco para luego analizar el futuro del proyecto, «incluyendo la adquisición de la propiedad» de la hidroeléctrica.
El gobierno se comprometió también a no inundar el embalse ni iniciar operaciones antes de alcanzar un acuerdo final.
Sin embargo, la empresa panameña Genisa, promotora de la hidroeléctrica, advirtió en un comunicado que fue «excluida» del acuerdo, lo que viola «acuerdos legales y contractuales» entre la compañía y el Estado panameño.
Esa exclusión «ocasiona incertidumbre, aumenta los riesgos de que el proyecto quede inconcluso y no poder cumplir con compromisos financieros y contractuales adquiridos», dice Genisa.
Los indígenas Ngäbe-Buglé de Panamá rechazan el proyecto porque temen la pérdida de sus tierras y la destrucción del río Tabasará, del que se alimentará la hidroeléctrica, cuyas obras tienen un avance del 95%.
La hidroeléctrica financiada por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), está situada en el distrito de Tolé, en la Provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.
El gobierno panameño detuvo las obras en febrero por incumplimientos ambientales.
Desde entonces, indígenas y Genisa mantenían un diálogo con la mediación del gobierno y la ONU para buscar una solución al conflicto, que en las últimas semanas provocó choques entre manifestantes y policías.
Genisa pidió este lunes al gobierno concluir las obras, de lo contrario «nos veremos en la obligación de activar las acciones legales que el derecho nacional y el internacional nos conceden», dijo.
«No estamos para derramamiento de sangre, estamos para buscar cómo solucionar el problema», dijo por su parte la cacique Silvia Carrera.
Los indígenas pidieron semanas atrás al papa Francisco que intercediera por ellos ante el gobierno panameño para frenar la obra.
La cancelación definitiva podría acarrear demandas millonarias, ya que según Genisa las pérdidas podrían superar los 130 millones de dólares.
Una vez en funcionamiento, la hidroeléctrica produciría 28 megavatios, según sus responsables.
