Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la comisión establecida por la Asamblea Legislativa -en la que la ANEP y FUSADES también participarían- para determinar los gastos en la emergencia por el COVID-19, el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta manifestó que el Gobierno no está en contra de la participación de la empresa privada en la fiscalización de los recursos, pero no se puede conferir una autoridad mayor que al Ejecutivo.
“Ellos (ANEP y FUSADES) determinarían los gastos y aprobarían presupuestos extraordinarios, eso es inconstitucional, porque a quien le corresponde es al Ejecutivo en el ramo de Hacienda. Está bien que se sugieran candados, pero no se le puede quitar la potestad al Ejecutivo de que vaya verificando las necesidades, no pueden ser entes privados, se está de acuerdo que controlen, pero no que determinen los gastos”, enfatizó Argueta.
Argueta sostuvo que el decreto legislativo presentado el pasado lunes establece reformas a Ley de Emergencia y lineamientos de compra, los cuales no desplazan los principios de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), transparencia, racionalidad presupuestaria; y ponía candados como la fiscalización por parte de la Corte de Cuentas de República (CCR), así como deberá haber una liquidación de todo y las compras se subirán en línea.
El asesor jurídico de la Presidencia agregó que el decreto de lineamiento se hacía para agilizar la compra de los ventiladores, medicamentos e insumos médicos, debido a la escasez en el mercado, sin embargo, algunos legisladores comenzaron a retrasar la aprobación de dicho decreto y pusieron como condición que la ministra de Salud debía ir a informarles cada tres días, luego establecieron 10 y ahora dicen que 30 días.
“Para la aprobación de los 2 mil millones de dólares se han puesto condiciones al Ejecutivo, como solo gastar en la gente el 50 % y el resto en otros rubros, por el tema de transparencia y por la cantidad de dinero que se moverá durante la emergencia por el COVID-19, el presidente de la República, Nayib Bukele solicitó la participación de 60 auditores de la Comisión Interamericana Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), además, de subir la información en línea, y hará rendición de cuentas; sin embargo, los diputados piden a Hacienda la explicación en tiempo real, en un inicio cada tres días y ahora lo piden cada treinta”, explicó en una entrevista televisiva.
