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Yaneth Estrada
@caricheop
Como una respuesta de carácter humano y de justicia social, el Gobierno de la República de El Salvador (GOES) brindó un apoyo económico por 764 mil dólares a 76 familias con orden de desalojo que viven en la finca El Espino.
“Si en jurisprudencia se ha declarado que una familia es propietaria y ustedes tienen que salir, por nuestra parte y en defensa del interés nacional, nosotros estamos en pro de encontrar una salida viable”, recalcó Eliud Ayala, ministro de Obras Públicas.
Esta ayuda se distribuirá en dos tipos de cheques: uno por $12,000 para las familias que no cuenten con ningún inmueble fuera de la finca El Espino; y, otro, por $4,000, para quienes se les comprobó que poseen alguna propiedad.
El plazo estipulado para el retiro de las familias del terreno es de 15 días calendario, contados a partir del día viernes 20 de abril del presente año, fecha en la que se dará inicio a la recolección de documentación.
Una vez completa FONAVIPO, en un plazo de 4 días hábiles, entregará el 50% del valor del apoyo económico a las familias (firmarán acta de retiro voluntario de las familias en posesión del inmueble denominado El Espino), y estas contarán con 3 días calendario para el retiro del terreno. Las familias deberán informar de su retiro a FONAVIPO dentro del plazo establecido.
Luego se verificará que las familias se retiraron del lugar y hará entrega del 50% restante. Asimismo, las familias tendrán acceso a las líneas y programas crediticios del FSV, utilizando, si desean, el apoyo económico para el pago de la prima.
Antecedentes del caso
En julio de 2014, la familia Dueñas Herrera interpuso una demanda contra la comunidad El Espino, bajo el cargo de usurpar terrenos privados que forman parte de sus propiedades. Después de pasar por las instancias judiciales, el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán resolvió que debían desalojar.
En este punto, Roberto Góchez, viceministro de Vivienda, insistió que no hubo tal usurpación, “las familias ya vivían ahí cuando los gobiernos de ARENA realizaron la permuta con la familia Dueñas”.
Por lo que un grupo de 18 afectados de la comunidad interpusieron un amparo ante la Sala de lo Constitucional para detener estas acciones.
El amparo fue admitido y el desalojo fue suspendido como medida cautelar.
Los solicitantes del amparo argumentaron que se emitió una sentencia en la cual los declaraban invasores, pero no fueron incluidos en el proceso y nunca tuvieron posibilidad de defenderse y ser escuchados.
El 9 de febrero de 2017, la Sala de lo Constitucional resolvió que los habitantes de la comunidad debían ser desalojados dentro de un plazo máximo de seis meses.
Además, el fallo trasladó la responsabilidad de reubicar a las familias al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, y actualmente el Gobierno cumple con la responsabilidad y el compromiso de atender a las familias afectadas.
