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Oscar López
@Oscar_DCL
Organizaciones ciudadanas revelaron que el gobierno salvadoreño se comprometió a entregar más de $250,000 para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). En otros países, que tuvieron comisiones similares, el financiamiento de la misma provenía de cooperación internacional.
“En el acuerdo dice que los gastos de la CICIES se sufragarán con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional; sin embargo, revisando el acuerdo de cooperación que firmó la Secretaría de la OEA con el gobierno de El Salvador queda plasmado que el gobierno salvadoreño daría en los próximos quince días posteriores a la suscripción del convenio $250,000; nos genera la duda del porqué el Gobierno está dando recursos a la CICIES instalada con la OEA”, dijo Jessica Estrada, investigadora del departamento de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
Las organizaciones ciudadanas coincidieron en que el Gobierno debe explicar de dónde se tomaron los recursos del presupuesto actual; además, si es algo que se continuará haciendo durante el funcionamiento de la CICIES.
Asimismo, las organizaciones ciudadanas ven un problema de independencia en el actuar de la CICIES, ya que en el acuerdo marco suscrito entre el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) se establece que la persona al frente de la Comisión debe tener el aval del presidente, Nayib Bukele.
Los representantes de las organizaciones también destacaron que en el Plan Cuscatlán se estableció que la CICIES se implementaría con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OEA; sin embargo, avanza la instalación de la CICIES con la OEA, relegando conversaciones con la ONU.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana comentó que desde el gobierno se hizo un manejo de la CICIES con motivaciones político-electorales, por lo que no analizaron las limitaciones que la Constitución de la República y el marco legal plantean para la implementación de una comisión de este tipo.
“Hay un tema que no se ha querido discutir a profundidad, y es que la Constitución plantea que la fiscalía tiene como su atribución principal la investigación del delito y la persecución penal, diferente a lo que vemos en Guatemala, en el que el Ministerio Público no tenía ese monopolio de la investigación”, argumentó Escobar.
Las organizaciones ciudadanas coincidieron en que durante la campaña electoral, el ahora presidente Nayib Bukele planteó a la CICIES como un mecanismo similar a lo ejecutado en Guatemala, sin tomar en cuenta el marco legal y constitucional salvadoreño.
“Nos vamos a enfrentar con el hecho de que la CICIES, para poder querellar, necesita de una reforma al Código Procesal Penal; si no, no puede querellar. Ahí ya hay una disminución de capacidades de la CICIES, no digamos en el tema de la investigación que se hace bajo la dirección funcional de la fiscalía y puede ser motivo de inconstitucionalidad que se pueda compartir dicha atribución”, explicó Escobar.
De igual forma, el representante de Acción Ciudadana externó que es extraño que el acuerdo para la creación de la CICIES no fuese ratificado por la Asamblea Legislativa. “El que no se haya convertido en un convenio sujeto a ratificación de la Asamblea Legislativa le resta potencia jurídica, capacidad de incidencia a la CICIES en el combate a la impunidad y corrupción”, concluyó.
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