Por David Alfaro
10/01/2025
El documento sobre la prolongación del TPS, subraya claramente que las condiciones actuales de El Salvador, bajo la dictadura de Nayib Bukele, presentan un panorama alarmante. La extensión del TPS (Estatus de Protección Temporal) no es un reconocimiento al buen desempeño del gobierno, sino una constatación de su incapacidad para garantizar condiciones mínimas de vida digna.
La falta de acceso al agua potable, la inseguridad alimentaria y una economía débil son problemas estructurales que la dictadura no ha querido abordar. Además, la persistencia de estos problemas refleja una gestión corrupta y fallida, acompañada de un desinterés por resolver las necesidades básicas de su población.
Es inadmisible que más de 1.6 millones de salvadoreños no tengan acceso a agua potable, un recurso vital. Peor aún, la inseguridad alimentaria que afecta a una quinta parte de la población es una muestra devastadora de la precariedad que define al país. Esto no es solo negligencia; es un reflejo de un sistema corroído por la corrupción y el populismo que prioriza la propaganda sobre soluciones reales.
La prolongación del TPS debería ser un llamado de atención al régimen de Bukele. Sin embargo, en lugar de reconocer su incapacidad y trabajar para mejorar las condiciones internas, el gobierno lo celebra como si fuera un logro. Este cinismo demuestra una desconexión absoluta de la realidad que vive el pueblo salvadoreño.
La incapacidad del régimen para crear condiciones que permitan el retorno seguro y digno de sus ciudadanos es una condena moral que recae directamente sobre la administración actual. Es imperativo señalar estas deficiencias con claridad y exigir cuentas a quienes, con promesas vacías, han condenado a una nación entera a la precariedad.