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París / AFP
María Elena Bucheli
El gobierno francés aseguró el viernes que está resuelto a llevar a cabo su explosiva reforma de las pensiones pese a una huelga masiva que tenía paralizada, por segundo día consecutivo, los transportes públicos de todo el país y obligó a cancelar cientos de vuelos.
El nuevo sistema «garantizará a los franceses justicia y solidaridad», aseguró el primer ministro, Edouard Philippe, en un discurso solemne retransmitido por televisión, después de que la víspera más de 800.000 franceses salieran a las calles en más de 70 ciudades del país para decir «no» a la reforma que prepara su gobierno.
Ferroviarios, policías, profesores, enfermeros, recolectores de basura, transportistas y «chalecos amarillos» – el potente movimiento social de protesta surgio en 2018 – también se sumaron al paro el jueves y amenazan con volver a salir a las calles el próximo martes.
El paro en los transportes públicos continuaba el viernes. El 90% de los trenes de larga distancia fueron cancelados, así como el 70% de los trenes regionales, la mayoría de las líneas del metro de París permanecían cerradas al menos hasta el lunes y los autobuses circulaban a cuentagotas.
En los aeropuertos, la situación era también caótica. La compañía aérea nacional Air France canceló por segundo día consecutivo el 30% de sus vuelos domésticos y el 10% de sus vuelos de media distancia debido a una huelga entre los controladores aéreos.
Pero pese al temor de que el país quede bloqueado durante varias semanas, como ocurrió en 1995, cuando la ciudadanía torció el brazo del gobierno de ese entonces que quería ya reformar el sagrado sistema de pensiones francés, el actual gobierno no tiene intenciones de ceder.
«Estoy convencido de que, con las organizaciones sindicales, encontraremos un buen equilibrio (…) sin renunciar a nuestra voluntad firme (…) de crear un sistema universal», afirmó el primer ministro. El gobierno no busca «la confrontación», insistió.
– ‘Sin brutalidad’ –
La reforma de las pensiones, que es una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron, tiene como objetivo eliminar los 42 regímenes especiales que existen actualmente y que permiten jubilaciones anticipadas y otros beneficios a ciertas categorías profesionales.
Algunos de estos regímenes, como los que gozan los empleados de las empresas de ferrocarriles o los marinos, entre otros, fueron creados para compensar la naturaleza riesgosa o desgastante en ciertas profesiones.
En su lugar se instaurará un sistema único, por puntos, en el que todos los trabajadores tendrán de los mismos derechos.
Para el gobierno, se trata de un sistema «más justo y simple». Pero los sindicatos temen en cambio que el nuevo sistema atrase la jubilación, actualmente en 62 años, y disminuya el monto de las pensiones.
«Nuestros conciudadanos (…) saben que progresivamente tendremos que trabajar un poco más de tiempo, pero es lo que sucede ya en otros países comparables con Francia», afirmó el primer ministro, sin dar más detalles.
Philippe, que se ha marcado el objetivo de implementar la reforma en el horizonte 2025, prometió no obstante llevarla a cabo de forma «progresiva» y «sin brutalidad».
El proyecto completo, del que se conocen apenas algunas pistas, será presentado el miércoles, añadió el jefe del gobierno francés.
– Nuevo paro nacional el martes –
Por su parte, después del éxito de su primera jornada de movilización el jueves, los sindicatos contrarios a la reforma quieren mantener la presión y llamaron a los franceses a volver a paralizar el país el martes.
En cuanto a los transportes públicos, el paro continuará el fin de semana, sobre todo en París, donde nueve de las 16 líneas del metro se mantendrán cerradas, cinco funcionarán a una capacidad reducida y sólo dos, completamente automatizadas, operarán de forma normal.
En los últimos días los parisinos han tenido que armarse de paciencia para desplazarse. Muchos han desempolvaron sus bicicletas, o se han aventurado a tomar los monopatines de libre servicio que pululan por la capital.
Asimismo, siete de las ocho refinerías del país estaban en huelga, lo que aumenta el riesgo de una escasez de combustible si la movilización continúa.
Según un sondeo, 62% de los franceses apoya la huelga y 75% desaprueba la política económica y social del gobierno francés.
