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Por Antonio Rodríguez
París/AFP
El gobierno francés permanecía firme el sábado frente a la revuelta social contra la reforma laboral, ante una nueva semana de movilizaciones convocadas por los sindicatos que quieren mantener el pulso con las autoridades para obtener la retirada del proyecto.
«Mi puerta sigue abierta, sigo dispuesto a discutir. Pero cuando un texto ha sido discutido, ha suscitado compromisos con las partes sociales, ha sido adoptado por la Asamblea Nacional (cámara baja), considero que mi responsabilidad es ir hasta el final», declaró el primer ministro, Manuel Valls, a los lectores del diario Aujourd’hui en France.
Desde hace casi tres meses, el texto, actualmente en discusión en el parlamento, divide a la mayoría socialista en el poder, al tiempo que sus detractores directamente tratan de paralizar el país para forzar su retirada.
«Me mantendré firme porque es una buena reforma», aseguró el viernes el jefe de Estado, François Hollande, al final de la cumbre del G7 en Japón, reiterando su apoyo a su primer ministro.
«Retirar el texto de ley sería una mala cosa para los empleados», insistió el sábado Manuel Valls.
Valls se reunía el sábado con los grupos petroleros y los transportistas, dos de los sectores más afectados por los bloqueos organizados por los detractores de la reforma.
El objetivo de esta reunión es analizar el suministro actual de carburante, perturbado estos últimos días tras la paralización total o parcial de seis de las ocho refinerías francesas.
Las fuerzas del orden desbloquearon el viernes unos 15 depósitos petroleros (de los 100 que tiene el país) pero un 20% de las estaciones de servicio seguían en dificultades de suministro, según el gobierno.
‘Determinación’
«Seguiremos evacuando con determinación», insistió Valls, frente a la alarma del sector hotelero y de restauración que ha señalado «anulaciones importantes» en París y en el oeste de Francia por culpa de las huelgas y de los problemas de carburante.
Confrontados al racionamiento de carburante, los franceses reaccionan de forma contradictoria. Se quejan en las colas para obtener carburante pero al mismo tiempo son cada vez más partidarios de la suspensión del texto. Siete de cada diez franceses quieren la retirada del proyecto «para evitar la paralización del país», según un sondeo.
El jueves, decenas de miles de manifestantes (300.000 según el sindicato CGT, 153.000, según las autoridades) salieron de nuevo a la calle en toda Francia. Los ocho sindicatos opuestos a la ley, que consideran excesivamente liberal, llamaron el viernes a «continuar y amplificar la movilización».
El conflicto podría propagarse la próxima semana a los transportes. El martes, en una jornada que se anuncia crucial a menos de dos semanas del inicio de la Eurocopa de fútbol, están convocadas huelgas en la red ferroviaria, el metro parisino y la aviación civil.
El 14 de junio, se anuncia una novena jornada de movilización, con una «importante manifestación nacional» en París.
El viernes, el responsable de la patronal, Pierre Gattaz, denunció «métodos propios de delincuentes», tachó de «irresponsables» a los detractores de la ley y llamó a «resistir al chantaje» de los sindicatos contestatarios.
Por su parte, el líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, denunció lo que considera «clima de odio» existente en el gobierno y la patronal.
El pulso entre las dos principales fuerzas, el sindicato CGT y el gobierno, esconde la «relativa fragilidad» que ambas están atravesando, observó el viernes el diario Le Monde.
Por un lado, la CGT ha decidido radicalizar sus acciones desde que ha ido perdiendo fuelle desde hace dos años. El gobierno socialista, por su parte, está batiendo récords de impopularidad. Incluso en el seno de la formación, unos 50 diputados «rebeldes» pidieron a François Hollande actuar para salir de la crisis teniendo en cuenta «la oposición mayoritaria en Francia» de la reforma.
