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La Paz / Prensa Latina
El gobierno de facto de Bolivia, encabezado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, viola hoy convenios internacionales al no otorgarles salvoconductos a personas asiladas en la embajada de México, tras el golpe de Estado aquí.
De acuerdo con un artículo denominado ‘Asilados por México, son rehenes del gobierno de facto boliviano’, firmado por Ernesto Reyes y al que tuvo acceso Prensa Latina, desde hace un mes y tres días, un grupo de exautoridades del gobierno del presidente Evo Morales se encuentran asiladas en la embajada de ese país a la espera del salvoconducto.
Señaló que el grupo de personas en la legación diplomática mexicana -ocho hombres y una mujer- se encuentran en la lista de perseguidos políticos divulgada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Murillo anunció que ‘iba a ‘cazar’ a los exministros de Presidencia y Gobierno, Juan Ramón Quintana y Hugo Moldiz, respectivamente, y a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, a quienes acusó de promover y organizar acciones de sedición y terrorismo contra el ‘gobierno de transición’.
Ernesto Reyes enfatizó en su artículo, que las exautoridades -seis exministros, un exgobernador, un exviceministro y un exdirector de una entidad desconcentrada- ingresaron a la embajada de México entre el 10 y 11 de noviembre.
Obtuvieron su calidad de asilados el 15 de ese mismo mes, tras la aceptación del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien previamente ya había otorgado la misma condición a Evo Morales, añadió.
‘Sin embargo, a pesar del estatus reconocido a las exautoridades, la canciller, Karen Longaric, no termina de emitir los salvoconductos, con el argumento de que contra varios de ellos hay mandamientos de aprehensión por la comisión de delitos vinculados al denominado ‘fraude electoral’ y ‘terrorismo y financiamiento al terrorismo’, extremos que no han sido probados’, aclaró.
Recalcó que la negativa del gobierno de facto de entregar salvoconductos a los nueve asilados es violatoria del derecho internacional público y de manera particular de la Convención de Ginebra.
La Convención sostiene que la apertura de una causa judicial posterior al día en que se concedió la calidad de asilado a una persona no causa efecto y no debería impedir que se le dé salvoconducto.
En la sede diplomática, además de Quintana y Moldiz, se encuentran los exministros de Defensa, Justicia y Minería, Javier Zavaleta, Héctor Arce y Cesar Navarro, respectivamente; el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, y el exdirector de Gobierno Electrónico, Nicolás Laguna, puntualizó.
De las personas que se encontraban en la embajada de México, solo tres -un exministro de Economía que debe someterse a un control médico delicado y una activista en derechos humanos y su hija menor-, obtuvieron el salvoconducto la semana pasada, precisó.
El gobierno de facto de Añez en menos de una semana, tras la violenta represión a manifestantes contra el golpe de Estado, dejó un saldo de más de 30 muertos y decenas de heridos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita a Bolivia en la primera quincena de noviembre reconoció esos actos de violencia cometidos contra el pueblo boliviano.
Tanto la CIDH como la Unión Europea han expresado que el ‘gobierno de transición’ debería otorgar salvoconductos a los asilados y liberar a los presos políticos que están en las cárceles.
