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Mirna Jiménez
@Diario Co latino
La diputada del FMLN, Yanci Urbina dijo -este miércoles- que el Gobierno ha presentado en su plan de gastos para 2021 un presupuesto de $57 millones para consultorías, lo que ha sido interpretado por los diputados como una asignación para premiar a aliados.
“Lo quieren para el pago de favores, contrataciones irregulares como las que han hecho durante todo este tiempo”, afirmó la legisladora de izquierda.
Urbina aseguró que existen otro tipo de movimientos irregulares en el presupuesto 2021, como la asignación de $30 millones para indemnizaciones en ANDA, lo que genera duda si pretenden privatizar la entidad.
“Como ese hay innumerables casos dentro del presupuesto, que nos parece que hay que revisar”, añadió en entrevista en TCS.
Asimismo, advirtió que el Gobierno tiene intenciones de incrementar el IVA en 2021 y por ese es el motivo por el que ha puesto en las proyecciones para el otro año, un aumento considerable de los ingresos fiscales por esa vía.
“Después de todos los análisis que hemos hecho en términos de ingresos, vemos que esos montos, esas estimaciones de ingresos cifradas en el IVA, únicamente tiene explicación ahora en términos de que este Gobierno quiere incrementar el IVA”, afirmó.
Por otra parte, dijo que todos los hechos que desembocaron en el proceso de antejuicio al viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas, son el resultado de una serie de conductas asumidas por el actual Gobierno, con el objetivo de ocultar el manejo de fondos de parte del Ejecutivo.
Toda está práctica se ha llevado de encuentro a la Policía Nacional Civil que se ha convertido en una herramienta para permitir el ocultamiento, afirmó.
«Esto tiene origen en una situación muy clara y un tema de fondo, y es que funcionarios de gobierno no quieran rendir cuentas y están instrumentalizando a la policía para encubrir prácticas irregulares de manejo de los fondos públicos», aseguró en entrevista con TCS.
Arriaza Chicas renunció a su cargo de viceministro de Seguridad en medio de un proceso de desafuero desarrollado por la Asamblea Legislativa a solicitud del fiscal general Raúl Melara.
El titular de la FGR solicitó el desafuero para poder procesarlo luego que este se negara a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien habían sido citado en cuatro oportunidades por una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el manejo financiero del Ejecutivo durante la pandemia.
