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Redacción Nacionales
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Más de 65 organizaciones de Mujeres de la Solidaridad Internacional mostraron su solidaridad a Lorena Peña, expresidenta de la Asamblea Legislativa y ex dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), debido a que el presidente de la República, Nayib Bukele, y su partido, han intensificado los ataques contra ella, en respuesta a sus críticas abiertas por el retroceso a la institucionalidad democrática.
Según las organizaciones, la dirigente efemelenista ha soportado años de ataques misóginos y difamatorios contra su persona y su carácter como mujer en la política salvadoreña, debido a su abierto liderazgo en cuestiones de justicia social, económica y de género; así como señalar las innumerables irregularidades en el gasto público del actual gobierno.
A pesar de que ya ha presentado todas las pruebas necesarias para absolverla las acusaciones infundadas, el hecho de seguir siendo amenazada con ser detenida por cargos no penales de naturaleza administrativa, afirma que el sistema judicial salvadoreño se ha convertido en un arma de persecución contra los opositores políticos de Bukele.
En 2021, una comisión legislativa especial formada por diputados del partido Nuevas Ideas interrogó públicamente a Lorena Peña durante 12 horas consecutivas sobre el uso de fondos públicos cuando era presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
En dicho interrogatorio público, Peña desmintió las acusaciones de haber desviado $580.000 para una ONG, acusaciones que ya se habían demostrado falsas durante múltiples auditorías especiales por la propia administración de Bukele sobre las finanzas de la organización feminista “Las Mélidas”, de la cual Lorena Peña fue cofundadora, en aquel caso prevaleció el apoyo popular y la falta de pruebas.
Ahora, un poder judicial en deuda con el gobierno de Bukele la persigue de nuevo, esta vez basándose en una investigación de 2022 sobre presunto enriquecimiento ilícito durante su mandato en la Secretaría de Cultura del FMLN, que dirigió durante 7 años. A pesar de su diligencia en proporcionar documentación en respuesta a cada solicitud de la sección de Probidad de la CSJ, el tribunal ha enviado el caso a juicio civil por enriquecimiento ilícito de $200,000.
En febrero de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó al fiscal general de la República y sugirió que se podría abrir un juicio penal por la misma causa, poniéndola en peligro inminente de ser encarcelada injustamente dado que la garantía del debido proceso ya no existe en El Salvador a causa del sistema judicial fallido.
Las organizaciones sostienen que el ataque contra Peña es el último de una larga serie de ataques misóginos que caracterizan la política de Bukele, su administración y representantes que han acosado, amenazado y difamado habitualmente a mujeres de la oposición, en particular a mujeres de izquierdas afiliadas al FMLN, y vinculadas al movimiento social popular salvadoreño.
“Expresamos nuestro apoyo y respaldo, tal como lo han hecho más de 65 organización de mujeres de la Solidaridad Internacional quienes reconocen en Lorena su rol de lideresa salvadoreña, que ha trabajado toda su vida por la conquista de la democracia en el país”, afirmó Ivania Cruz, abogada del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES).
Asimismo, dijo que el régimen de Bukele opera violando los derechos humanos, actuaciones misóginas y difamación a personas opositoras, en particular quienes son de izquierda. stos hechos son preocupantes pues se quiere criminalizar a las personas con una voz crítica a la mala actuación del gobierno.
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