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@Redacción Diario Co Latino
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, junto con personal de la institución, llevó a cabo una verificación de precios de productos de la canasta básica en supermercados.
La verificación de precios de productos continuó durante este fin de semana para proteger la economía familiar, informaron autoridades de la Defensoría del Consumidor.
Esto por que hay 50 empresas investigadas por el incremento abrupto de precios, 40 casos han sido enviados al Tribunal Sancionador de la institución y de ellos, 10 han sido admitidos.
Según el comunicado el Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene el trabajo interinstitucional para garantizar el cumplimiento de las 11 medidas ante la inflación mundial.
Las inspecciones se están llevando a cabo en gasolineras, mercados, supermercados, tiendas de conveniencia, entre otros establecimientos de la cadena de abastecimiento, señalaron.
Una de las inspecciones se llevó en Walmart Santa Elena, ubicado en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
‘‘Son importantes medidas de alivio económico que nos permiten llevar un registro de más de 500,000 productos en cuanto a sus precios”, dijo Salazar. y
Y agregó que han recopilado, a través de una estratégica labor, de cara a levantar precios en los diferentes agentes de la cadena de suministros.
Hasta la fecha llevan más de 150 requerimientos a diferentes empresas dedicadas al rubro de la importación de alimentos e insumos agrícolas.
El llamado es a que los consumidores pueden reportar incrementos injustificados en precio de alimentos, artículos de primera necesidad y servicios esenciales, a través del número telefónico 910, el número de WhatsApp 7844-1482 o en la aplicación ‘‘Ponele el dedo al especulador’’, disponible en el sitio web https://www.defensoria.gob.sv/
Según la ley “la práctica abusiva es catalogada como muy grave por la institución y puede ser multada hasta con 500 salarios mínimos, sin perjuicio de la acción penal que podrá activarse con la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos relativos al ‘‘mercado, la libre competencia y la protección al consumidor’’, según los artículos 233, 236 y 237 del Código Penal”.
Según la política de este gobierno se tiene como objetivo garantizar el bienestar de la población.
