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Redacción Nacionales
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“Las capturas arbitrarias y la persecución de la FGR en el caso La Floresta es el ejemplo claro que al Estado salvadoreño y al gobierno inconstitucional de Nayib Bukele, le molesta que se defiendan los derechos de la población y se denuncie con pruebas las graves injusticias que suceden en el país”, aseguró la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHС).
La organización reiteró que, desde el pasado mes de febrero 2025, el vocero Fidel Zavala y los abogados de la organización Ivania Cruz y Rudy Joya, son víctimas de una persecución constante del Estado salvadoreño, por el hecho de defender derechos humanos.
UNIDEHC ha brindado asesoría y acompañamiento a los habitantes de la comunidad Hacienda La Floresta, San Juan Opico, La Libertad, quienes de manera organizada y legitima, luchan por sus derechos de posesión y vivienda, así como evitar desalojos arbitrarios e inhumanos sin los debidos procesos legales en materia civil.
La organización señaló que la fabricación de delitos y acusaciones fraudulentas ocupando el sistema penal, de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) es una forma de materializar la persecución a quienes trabajan como defensores de derechos humanos.
“Con el caso La Floresta se comprueba que la FGR no defiende a las verdaderas víctimas, sino más bien representa otros interés mezquinos y políticos, los cuales seguimos denunciando a nivel nacional e internacional”, destacó.
Según la organización, hoy más que nunca en diferentes reuniones y gestiones a escala internacional continuarán las acciones de protección a los defensores de derechos humanos en El Salvador, en los próximos días, darán a conocer las incidencias, mecanismos y resultados internacionales en favor de quienes luchan en el país por los derechos de toda la población.
“Agradecemos a la comunidad nacional e internacional, a cada una de las organizaciones y al pueblo salvadoreño que se ha sumado con apoyos al equipo de UNIDEHC, especialmente para el vocero Fidel Zavala”, agregó.
Más de 150 familias están siendo desalojadas de manera arbitraria de la comunidad, sin existir a la fecha una orden judicial o el debido proceso, todo se ha llevado a cabo por amenazas de la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC).
El nuevo dueño de los terrenos, apoyándose de fiscales y policías corruptos han fabricado una acusación y proceso penal, el cual generó capturas arbitrarias entre ellas, los dos líderes comunitarios, Medardo Arnoldo Rodríguez y Alejandra Jannette Cañas.
Asimismo, fue detenido ilegalmente el vocero de UNIDEHC, Fidel Zavala, más de 19 habitantes de La Floresta, con lo cual, queda demostrado que la FGR no defiende a las verdaderas víctimas, su objetivo era lograr desalojar arbitrariamente a las familias.
Los abogados de UNIDEHC consideran que este desalojo de manera inhumana, es un claro desplazamiento forzado provocado por el Estado y gobierno de Nayib Bukele, las verdaderas víctimas son las familias de la comunidad.
