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Oscar López
@Oscar_DCL
Representantes de diversas gremiales de empresarios del transporte público pidieron a la Asamblea Legislativa que apruebe un incremento del monto del subsidio que reciben mensualmente, la propuesta de los empresarios consiste en que el Gobierno desembolse $1,200 mensuales por cada autobús y $600 por cada microbús.
Los empresarios aseguraron que el negocio del transporte público no es rentable, ya que no pueden establecer libremente una tarifa que cubra los costos. Además, los transportistas pretende que el Gobierno les entregue un bono para cumplir con las medidas higiénicas dentro de las unidades de transporte, es decir, para colocar alcohol gel, higienizar la unidad, entre otros.
Al respecto, a través de un comunicado de prensa, el Gobierno externó que mantiene la posición de no aumentar el subsidio que reciben los transportistas. El 30 de junio venció el período establecido en el decreto que da soporte legal a esta transferencia de fondos públicos, de manera que la discusión sobre su prórroga vuelve a sede legislativa.
Por esta subvención, el Gobierno eroga más de $40 millones al año. En 11 años, han sido más de $485 millones.
“Definitivamente no habrá aumento al subsidio del transporte. Al contrario, creo que debe haber cambios a la entrega del subsidio del transporte”, comentó el titular del Ministerio de Hacienda, Nelson Fuentes.
“El origen de las transferencias de fondos públicos a los transportistas para prevenir que suba el pasaje puede trazarse hasta 1974. Sin embargo, el modelo actual (abonar una cantidad por cada vehículo) tuvo su origen en 2005. A pesar de los múltiples intentos para modernizar al sector, son pocos los transportistas que proveen un servicio digno, puntual y con unidades modernas”, argumentó el Gobierno en el comunicado de prensa. Los empresarios aseguraron que, debido a las medidas de higiene que deben aplicar para prevenir contagios de COVID-19 entre los usuarios, tendrán que hacer gastos excesivos que volverían a este servicio no rentable. Ante esta postura, el ministro de Hacienda explicó que no corresponde al Estado hacerse cargo de si un servicio (concesionado) es rentable o no.
En diciembre de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga de seis meses para el decreto que le permite a estos empresarios continuar recibiendo el subsidio, mes a mes, con fondos públicos. En esa misma ocasión, los diputados dejaron fuera del decreto los requisitos que se le impondrían a los transportistas para mejorar el servicio y así recibir subsidio.
Datos oficiales muestran que el gasto anual por esta subvención aumentó en $15 millones, equivalentes a un 47.75 % de variación, en 11 años. En este período, el Estado gastó al menos $487.7 millones acumulados por el subsidio al transporte público. Este año se ha previsto desembolsar $46.4 millones.
